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Es habitual escuchar la locución “ha pasado un ángel” en nuestro entorno cotidiano, cuando de repente se impone un silencio denso en una conversación o situación.

Pues bien, en estos momentos de “segunda ola” ha pasado un ángel sobre las residencias. Lamentablemente parece que esta sociedad asume como razonable la pérdida humana como un factor más en una ecuación endiablada a la que nos vemos inmersos sin remedio.

Javier Garzón: Mesa Permanente Marea Residencias

 

El silencio oficial, la manipulación de datos y el silencio de la mayoría de medios de comunicación (mas allá de los reportajes sensacionalistas que buscan más el morbo que la denuncia real) solo roto por esos medios independientes y valientes nos hace creer que se asume que más de la mitad de personas fallecidas en esta pandemia procedan del sector de las residencias, conformando un bucle pernicioso que mezcla un alto índice de “edadismo” con una minusvaloración de los derechos de las personas y una incapacidad manifiesta por parte de los actores responsables de revertir esta situación, bien por ignorancia o por interés.

Francamente consideramos que la solución no puede provenir de las mismas manos y políticas que crearon el problema.

Somos conscientes de que las personas ingresadas en residencias son personas más vulnerables que el resto de la población, pero no más que otras muchas que por diversos motivos y opciones tanto personales como sociales no viven en residencias y entre las que las cifras de mortandad no han sido tan elevadas ni tan recurrentes.

Así que si, parece que ha pasado un ángel, pero es el ángel de la muerte y el sufrimiento, es el ángel de la precariedad, es el ángel oscuro de los beneficios por encima de las personas.

Seguimos denunciando un modelo en el que a día de hoy las trabajadoras siguen padeciendo precariedad de medios y de plantilla real dedicada al cuidado. Un modelo en el que son los familiares más implicados los auténticos inspectores del sector con denuncias constantes y muchas veces sangrantes, con su constante lucha por la dignidad de las personas y por la apuesta por modelos más humanos independientemente de la situación de la persona. Familiares que son oídos por las instituciones, pero nunca escuchados.

Seguimos denunciando un modelo en el que los partidos políticos han permitido con su dejación o anuencia la absoluta colonización del mismo por empresas extractivas del erario y que anteponen sus cuentas de resultados a la dignidad y el cuidado de la persona.

Un modelo que trata a las personas como mercancías, por mucho que las trabajadoras se esfuercen en dignificar el trato, y en el que las mismas trabajadoras son consideradas piezas recambiables en un sistema productivo.

Seguimos denunciando el confinamiento atroz que sufren las personas que se encuentran en estos momentos recluidas, cual si de reos de condena fueran culpables, en condiciones francamente mejorables con un poco de intención y buena voluntad. Personas que ven menguada su esperanza y calidad de vida debido a este encierro forzoso.

A la incomunicación a la que se ven sometidas, la imposibilidad de socializar y el deterioro físico y mental (al que se enfrenta cualquier persona encerrada contra su voluntad), se une el oscurantismo y la tiranía que ejercen las direcciones de los establecimientos, ocultando o tergiversando información, retorciendo los protocolos a su libre interpretación y sometiendo a las trabajadoras a un estrés constante y desmedido, fruto del frenético ritmo de trabajo exigido, más propio de un taller de montaje que de una prestación de cuidados.

Debemos recordar siempre que las personas que viven en residencias son ante todo personas en situación de dependencia a las que el Estado y en este caso las comunidades, por competencias transferidas, garantizan una vida digna hasta el final de sus días, independientemente de su situación personal.

Observamos asombrados y denunciamos con firmeza cómo a día de hoy el material de protección personal sigue siendo escatimado por las empresas, entregando un número insuficiente de recursos básicos, y con una estrecha vigilancia, rayana en la avaricia, respecto al material entregado, con recomendaciones de “uso obligado” que contravienen cualquier recomendación sanitaria, debido sobre todo al elevado número de residentes que llegan a atender las trabajadoras.

Mientras la Comunidad de Madrid sigue pagando plazas vacías y las empresas siguen pidiendo compensaciones por el “negocio perdido”, exige por otro lado que ingreses a tu familiar en una residencia con la amenaza implícita de que en caso de no hacerlo perderás la plaza, siendo de nuevo reenviado a la casilla de salida en el proceso de asignación.

Está el sector de las residencias también altamente perjudicado por el actual modelo sanitario impuesto por las mismas personas y las políticas antisociales que generan con sus decisiones, apostando por la privatización de lo social y por la venta de lo público, favoreciendo a grandes grupos inversores tanto nacionales como extranjeros.

Ha pasado un ángel también en la aplicación de la justicia, cuando el silencio ante las justas reclamaciones de las personas perjudicadas (todas ellas con derechos teóricamente inviolables) se ve agravado por la sensación de abandono de la imparcialidad, escudada en leyes, aforamientos y plazos que favorecen las conductas deshonestas, pues aunque puedan llegar a reconocerse irregularidades y delitos, no vemos condena alguna que castigue con firmeza a los auténticos responsables de esta situación y sus cómplices necesarios.

 

Exigimos… Por justicia, responsabilidades. Por dignidad, derechos humanos.

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