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Estos días y a través de diversos medios de comunicación, y muy especialmente a través de Infolibre, se ha dado conocimiento a la opinión pública de una serie de misivas que el anterior consejero de Familia y Servicios Sociales (Alberto Reyero) envió al consejero de Sanidad (Enrique Ruiz Escudero) respecto a los protocolos de no derivación de personas de edad avanzada en situación de dependencia desde las residencias hacia los hospitales.

 

 Marea Residencias

 

Reivindicación de residencias de calidad y de gestión pública 100%. Marea Residencias

Los escritos de Reyero son claros y proponen medidas lógicas ante la grave situación sanitaria de las residencias en esos momentos, haciendo especial hincapié en las personas contagiadas y su situación de salud y de esperanza de vida.

Sabemos que de haber tenido en cuenta sus propuestas se podrían haber salvado muchas vidas, por lo que creemos que las demandas judiciales que se han interpuesto están plenamente justificadas, así creemos que lo demuestran las citaciones a declarar que se han cursado desde los juzgados, y creemos también que la negligencia culpable del Gobierno de la Comunidad de Madrid está plenamente probada.

Algo que esperamos que la Justicia ratifique en los juicios previstos y en los nuevos, que esperamos próximos, dado el aluvión de querellas que se plantea y cierne sobre los juzgados y esta terrible actuación. Esperamos sinceramente que los culpables paguen por el daño y el sufrimiento causados.

La Comunidad de Madrid, en cambio, haciendo caso omiso a las recomendaciones de su propio consejero (es lo que tienen los pactos entre desiguales políticos), lo que hizo fue retirar las competencias a este consejero y asumirlas como propias desde el área de Sanidad.

Papel importante tuvo también el Consejero de Interior y Justicia de la Comunidad, Enrique López López, al permitir, por omisión o en conciencia, la elaboración, difusión y puesta a cabo de estos protocolos a todas luces inhumanos y contrarios a derecho.

En Madrid no se les derivó a los hospitales, tampoco se les derivó cuando la presión hospitalaria bajó. Se abrió y se cerró IFEMA, con todas sus deficiencias y sus escándalos financieros, sin derivar allí tampoco a las personas que vivían en residencias. Se les abandonó a su suerte a sabiendas de lo que hacían, y esto es gravísimo.

Se hablaba de medicalizar las residencias, algo que no compartimos, pues los cuidados sanitarios han de procurarse en centros especializados como a cualquier otra persona que los precise, pues teóricamente según la Constitucion Española todos somos iguales en derechos, obligaciones y ante la ley, si bien es cierto que necesitan estas instalaciones ciertas dotaciones sanitarias que puedan y deban prevenir situaciones puntuales.

Queremos hacer constar también que gracias a la “picaresca de supervivencia” de algunas familias, negando la situación de dependencia de su familiar, la insistencia de otras con intervenciones policiales incluidas y la complicidad de algún médico responsable, la cifra de no derivados no fue mayor aun.

Es lamentable que una situación que ya había sido avisada y denunciada por parte de nuestro colectivo no haya sido tenida en cuenta por las instituciones correspondientes hasta que la prensa se ha hecho eco de la misma, algo que demuestra sin duda y a todas luces que la actual gobernanza de la Comunidad de Madrid está más pendiente de sus campañas publicitarias y de generar beneficios para sus empresas predilectas que de salvar la vida de las personas y atender a sus verdaderas obligaciones.

Exigimos que, visto lo visto y siendo consciente la sociedad en su conjunto de la aberrante gestión que se realiza actualmente y se realizó en los meses pasados, se depuren las responsabilidades necesarias, pues por justicia, responsabilidades; y por dignidad, derechos humanos.

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