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Nadie se explicaba que se construyera en la Comunidad de Madrid un nuevo hospital para combatir la pandemia, mientras se mantenían cerradas más de 1.700 camas y 25 UCI  en hospitales públicos.

Hoy sabemos los motivos que han llevado a la polémica construcción del Zendal, y éstos están claros: la construcción no está motivada por la defensa de la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanas madrileñas sino por el inicio de un nuevo proyecto de pelotazo urbanístico.

 

Damián Caballero: Juntas x la Pública

El pasado 1 de diciembre, Isabel Díaz Ayuso, acompañada de toda la cohorte pretoriana de su Gobierno, inauguraba el llamado “Hospital de Emergencias” Enfermera Isabel Zendal. Un centro pionero en nuestro país “y sin precedentes en Europa”, según la presidenta.

El proyecto se pone en marcha el 9 de septiembre de 2020. En reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se declara la urgencia e interés general en la ejecución para la construcción de nueva planta de un hospital de emergencias para la Comunidad de Madrid.

“Informe por el que se da cuenta de las resoluciones por las que se ordena la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de los contratos para la construcción de nueva planta de un Hospital de Emergencias para la Comunidad de Madrid, en la parcela sita en el municipio de Madrid, distrito Barajas, barrio Timón, sector SUNS4 01 ‘Parque de Valdebebas’ parcela RS EQ M0002 (7), como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, por un importe total estimado de 51.706.443,76 euros (IVA incluido), a realizar por diversas empresas”.

 

El Zendal se construye en terrenos de la Ciudad de la Justicia, proyecto de Esperanza Aguirre iniciado en 2004. Los padres de la criatura judicial, además de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, fueron Alfredo Prada Presa, vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid (procesado por la Fiscalía Anticorrupción con una petición de ocho años de cárcel por irregularidades en contratos del Campus de la Justicia), y el arquitecto Norman Foster.

Esperanza Aguirre puso la primera piedra el 31 de enero de 2007 del proyecto que definió la presidenta de entonces como “la ciudad de la justicia más grande del mundo”. El coste de la ceremonia fue de 1,4 millones de euros pagados por la UTE encargada de la urbanización de la parcela de 30 hectáreas. Las dos empresas eran Aldesa y la constructora Begar, dirigida por José Luis Ulibarri Cormenanza, procesado por la trama Gürtel con una petición por parte de la Fiscalía de siete años y un mes y posteriormente detenido el 3 de julio de 2018 acusado de ser uno de los cabecillas de la Operación Enredadera.

El resultado de este megaproyecto no puede ser más desastroso:

— En el verano de 2011 se decidió su liquidación, aunque la sociedad, ya sin trabajadores ni actividad, siguió operativa hasta febrero de 2015, después de que también fracasara el intento de revitalizar el proyecto.

— Se perdieron más de 105 millones de euros del erario público.

— Solo llegó a levantarse el dónut, que costó 22 millones de euros y que permanece en desuso.

— Sin uso, la Comunidad paga actualmente 143.000 euros al año por su servicio de seguridad.

— En septiembre de 2019, un mes después de tomar posesión como consejero de Justicia, Enrique López López anunció que intentaría retomar el proyecto y trasladar al fin el Instituto de Medicina Legal, para lo que ya se ha fijado un calendario: “Tenemos intención de sacar en verano el nuevo proyecto de ejecución. Las obras durarán cuatro meses y, si los plazos se cumplen, nos permitiría ponerlo en funcionamiento en otoño”.

— El pasado 3 de marzo, en plena pandemia, el Supremo tumbó de forma definitiva el plan de Acciona y OHL, empresas adjudicatarias del proyecto, que habían interpuesto un proceso jurídico para hacerse con la Ciudad de la Justicia, dejando así vía libre a la Comunidad de Madrid sobre los terrenos de la misma. La pugna en los juzgados se remonta al último intento de resucitar el proyecto en 2015, cuando Ignacio González lo licitó contrarreloj y se eligió como ganadora la alianza formada por Acciona y OHL, contrato que acabó siendo investigado por la Guardia Civil.

Todos estos acontecimientos lo que vienen a demostrar es que el Gobierno de Ayuso disponía de un plan para retomar la Ciudad de la Justicia, y así lo explican las declaraciones del consejero Enrique López.

Con la pandemia, los principales representantes del “trumpismo madrileño” (Díaz Ayuso, Lasquetty, Enrique López y Miguel Ángel Rodríguez), lanzan el proyecto del Zendal, utilizando la pandemia como excusa para la construcción del hospital. Con los terrenos libres del control de Acciona y OHL, la construcción del Zendal se lleva a cabo en poco más de tres meses, y a partir de ahora pueden dar utilidad al dónut y a las 12 hectáreas de terrenos.

La política del pelotazo no solo no acaba con el Zendal, sino que es el comienzo de nuevos proyectos en estos terrenos.

El Partido Popular, ante el juicio de Bárcenas, ha elaborado el siguiente argumentario: “La dirección actual del Partido Popular no tiene ninguna responsabilidad con los hechos ilícitos que pudieran cometer militantes de la anterior dirección”. Pablo Casado utiliza el mismo mantra en todas las televisiones, emisoras de radio y prensa: “Son problemas de gestión interna que no comprometen a esta dirección”, “Ese PP del que hablan los medios ya no existe. No hay ninguna persona acusada en puestos de responsabilidad, ninguna sombra de sospecha”.

¿Que el PP del que hablan los medios ya no existe? ¿Que no hay ninguna sombra de sospecha?

Los métodos del pelotazo urbanístico siguen anidados en el PP de Pablo Casado. Se construye el Zendal, no para hacer frente a la pandemia, sino para reflotar el proyecto urbanístico de la Ciudad de la Justicia que ya fue valorado en tiempos de Esperanza Aguirre en 1.700 millones de euros.

El pasado 16 de diciembre, quince días después de la inauguración del Zendal, Ayuso inaugura el nuevo Instituto de Medicina Legal en el dónut, con una de sus famosas frases: “es un orgullo para España y Europa”.

Sin embargo, esta inauguración se hace casi a escondidas con la presencia de Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo, que entre otras de sus labores, además de la de ser el responsable de la reflotación de la Ciudad de la Justicia, ha estado la de hacer de intermediario entre un empresario amigo de Bárcenas y el abogado del Partido Popular para tratar de llegar a una negociación con el antiguo tesorero de no tirar de la manta.

La idea sobre la Ciudad de la Justicia, según ha detallado la propia Ayuso, “es empezar pronto, para que a mediados de la presente legislatura se pueda comenzar con la construcción del mismo y tenerlo finalizado para la siguiente”.

Los planes de Ayuso y su cohorte pretoriana ya están a la vista, y ni siquiera esconden que sus intenciones van por el sendero de sus políticas neoliberales de favorecer a los capitalistas amiguetes de los que se rodean, poniéndoles una alfombra roja de acceso a los pelotazos urbanísticos y a los nichos de los servicios públicos. La salud y la vida de los ciudadanos madrileños solo les sirve como método de propaganda.

No es de recibo que el Gobierno de Ayuso, en plena tercera ola de la pandemia, con más de 562.000 contagios confirmados por pruebas, cerca de 700.000 atenciones domiciliarias por Atención Primaria, un acumulado de casi 100.000 personas que a fecha de hoy han sido hospitalizadas, 8.714 que ha pasado por UCI y más de 21.000 muertes, de nuevo, y aprovechando que la ciudadanía está pensando en la pandemia y sus consecuencias, devuelva a primer plano la política del “ladrillazo” llevada a cabo por PP y con un dibujo de responsables casi idéntico. En tiempos de Aguirre, la labor de contratación recayó en Alfredo Prada Presa, consejero de Justicia procesado con petición de ocho años de prisión. Con Ayuso ese papel le corresponde a Enrique López, también consejero de Justicia, que ya tiene el marrón de haber intermediado para conseguir el encuentro entre el abogado del PP y el abogado de Bárcenas.

 

Al final, la historia se repite…

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