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    El SUMMA112: cómo se degrada y se desmonta un servicio público sanitario esencial

    Solidaridad en Acción

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    Rosa López / SummAT

    El servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid, SUMMA112, se creó en el año 2001. Su objetivo era responsabilizarse de la atención médica urgente y emergente, así como del transporte sanitario programado y no programado de toda la Comunidad de Madrid. No debe confundirse con el SAMUR, servicio de atención sanitaria de urgencias y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que actúa exclusivamente en este término municipal en la vía pública; Madrid es la única comunidad autónoma con dos servicios de emergencias, que actúan con diferentes protocolos y tienen distinta dependencia jerárquica, entre otras cosas.

    El SUMMA112 cuenta y gestiona varios dispositivos, entre ellos los 37 SUAP, Servicios de Urgencias de Atención Primaria, ubicados en su mayoría en los centros de salud de Atención Primaria.

    El 22 de marzo del 2020, ante la declaración de la pandemia, se toma la decisión unilateral de cerrar los 37 SUAP, en los que trabajaban casi 500 personas los días laborables, incrementándose a 550 o 600 trabajadores los fines de semana y festivos.

    Estos servicios abrían cuando cerraban los centros de salud, y garantizaban atención urgente y próxima al domicilio de los pacientes las noches laborables y las 24 horas los fines de semana y festivos. No solo se atendían patologías urgentes, sino que también se efectuaban curas, inyectables, etc., los fines de semana y días festivos. Esta disponibilidad de servicios garantizaba la continuidad de cuidados, un valor esencial de nuestro sistema sanitario que poco a poco se está eliminando.

    El cierre de los SUAP forma parte del desmantelamiento paulatino de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, algo que había comenzado antes de la pandemia y que esta circunstancia ha precipitado.

    En el caso concreto del SUMMA112, este sindicato denunció ante diferentes organismos la falta de cobertura de los dispositivos que comprende el servicio (UVI, VIRES, coches médicos…). La inseguridad laboral por la sobrecarga de trabajo y la falta de profesionales, sobre todo médicos, con la consiguiente disminución de la calidad asistencial, etc. Estos hechos se pusieron en conocimiento del Defensor del Pueblo en julio de 2018. Los contratos irregulares, contratos basura de un solo día, el no cobrar ciertos complementos a los que se tenía derecho, etc., fueron denunciados ante: la Inspección de Trabajo también en el 2018.

    En diciembre de 2020 se entregó un dosier con todos los problemas que tenía el SUMMA112 en la Asamblea de Madrid, lo que provocó varias comparecencias ante la misma del gerente, Pablo Busca. Pero el consejero de Sanidad y la presidenta de la Comunidad definían este servicio como “la joya de la corona de la sanidad de Madrid”. La verdadera situación de esa joya era que la cobertura de los dispositivos no era del 100% ningún día; en muchas ocasiones no estaban en servicio las 26 UVI operativas, sino un número mucho menor (6-8 menos). Incluso ha habido ocasiones en las que estaban operativos menos de la mitad de estos dispositivos, generalmente por la falta de médico. Lo que empezó siendo una situación poco frecuente, se convirtió en habitual. Para dar respuesta a la misma, la gerencia creó el SVAE (Soporte Vital Avanzado de Enfermería): mismo vehículo y misma dotación material que una UVI, pero sin médico. La normalización de esta anomalía dio como resultado que si una UVI se quedaba sin médico por circunstancias diversas (enfermedad, día libre, etc.), no se cubría esa plaza y automáticamente este dispositivo se convertía en un SVAE que podía ser movilizado. Los ciudadanos deben saber que pueden ser atendidos por una UVI sin médico, que puede demorar la atención sanitaria en determinados casos y agravar patologías emergentes tiempodependientes.

    En los SUAP, en muchas ocasiones, una sola persona tenía que realizar el trabajo de dos profesionales. Teniendo que atender un solo médico a doscientos pacientes en 12 horas, o la eliminación de coches médicos con una infraatención en la urgencia domiciliaria, con demoras en la asistencia de más de 6-8 horas en algunos casos, o utilizar UVI para patologías no emergentes provocando que se alargue peligrosamente la respuesta ante una situación de emergencia, con el consiguiente riesgo de supervivencia para los pacientes con patologías tiempodependientes.

    Con este panorama previo ya desolador, aparece la pandemia. Se cierran los SUAP y comienza un baile de los profesionales asignados a los mismos. Como ejemplo, se les obliga a cubrir algunas de las “megaestructuras milagro” que la presidenta de la Comunidad de Madrid decide acometer y que se venden como la solución a la asistencia durante la pandemia. Todos conocemos su sobrecoste y la poca utilidad que tuvieron y tienen, pero eso es otro tema.

    El cierre de los SUAP fue aceptado y fomentado por el gerente Pablo Busca. Este cierre, en el momento más álgido de la pandemia, era una forma de paliar en parte toda la precariedad en la cobertura de dispositivos y la inseguridad de las condiciones laborales que existían en el SUMMA112.

    A partir del cierre de los SUAP, los trabajadores han sufrido y siguen sufriendo un cambio de destinos, puestos, horarios, turnos, calendarios, etc. El último el 5 de junio, cuando fueron trasladados al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. En todo momento, los trabajadores han estado y están a disposición de la Consejería de Sanidad, que los ha utilizado, con el beneplácito del gerente, para cubrir muchas de las deficiencias del sistema y los “milagros” de la Comunidad de Madrid durante la pandemia; es decir, han sido utilizados como la “guardia pretoriana” de la Consejería de Sanidad.

    Hay que señalar que no se ha respetado ninguno de sus derechos laborales, con la imposibilidad real de la conciliación familiar. Han prestado servicios en el IFEMA, en el Zendal, en el Wanda Metropolitano, en el Wizink Center, centro de refugiados, y ahora en el dispositivo de vacunación instalado en el Hospital Isabel Zendal.

    Actualmente están desplazados al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal en torno a 200 trabajadores entre técnicos, celadores, enfermeras y médicos; de los cuales unos 40 diarios en turnos de 12 horas vacunan a unas 500 personas. Y mientras tanto, los SUAP siguen cerrados.

    En el año 2019 (según datos oficiales del SUMMA112) se atendieron a más de 750.000 pacientes en los 37 centros, con una media de derivación al hospital de un 6,4%, y con una espera media para la consulta médica de 20 minutos. Estos datos demuestran que los SUAP eran centros eficaces y eficientes.

    Llama la atención que los Servicios de Atención Rural (SAR), que desempeñan el mismo trabajo que los SUAP pero en municipios más pequeños y que dependen de Atención Primaria, se han mantenido abiertos durante toda la pandemia. Eso pese a tener los mismos problemas de espacios que los SUAP, argumento que se utilizó para justificar el cierre de los mismos. Haber mantenido abiertos los SAR ha creado una desigualdad en el acceso a la atención sanitaria, eliminando el principio de equidad del sistema, además de suponer un agravio comparativo. La población que es atendida por los 40 SAR (cubren la atención de algo menos de un millón de habitantes) ha seguido teniendo servicio de urgencias, mientras que la población atendida por los 37 SUAP (cubren la atención de más de 5 millones y medio de habitantes) se ha visto privada de ese servicio debiendo acudir a los Servicios de Urgencias Hospitalarios

    Nuestra Atención Primaria está desmantelada, en los hospitales hay largas listas de espera y las urgencias están colapsadas. En la atención extrahospitalaria el SUMMA112 es incapaz de cubrir los dispositivos en su totalidad. Hay escasez de profesionales en todo el sistema, y éstos están agotados por la sobrecarga asistencial y sin ninguna perspectiva de que la situación cambie a corto o medio plazo.

    A pesar de todos los datos que avalan la eficacia y eficiencia de los SUAP, el consejero de Sanidad despreció su trabajo y afirmó ante la Asamblea de Madrid en noviembre del 2021 que tres de cada cuatro atenciones que realizaron los SUAP en 2019 eran “situaciones postergables”, es decir, que podían ser atendidas un día después por los médicos de familia… (Como si fuera posible que te den cita al día siguiente en algún centro). Es fácil realizar una afirmación como ésta a posteriori, una vez prestada la asistencia. El ciudadano sí la percibe como urgente y como tal la demanda. El no disponer de un servicio de urgencias próximo al domicilio genera una sensación de indefensión y abandono en quien no tiene los conocimientos técnicos para valorar la situación y sólo percibe su malestar.

    Las excusas para no abrir los SUAP han ido variando: que los centros no permitían separar circuitos COVID / no COVID, que no había suficientes médicos (pero el 31 de marzo de este año se despidieron unos 400 médicos en la Comunidad de Madrid). Ahora los compañeros de los hospitales nos dicen que les piden que doblen turnos. Doblar turnos cuando en marzo se ha despedido a más de 6.000 profesionales en la Comunidad de Madrid.

    La sanidad pública es un bien social que garantiza el acceso a servicios sanitarios con independencia de la situación económica del ciudadano, que elimina desigualdades y tiene un enorme efecto redistributivo

    La Atención Primaria está seriamente dañada, saturada y con amenaza de cierre por la tarde o de convertirse en centros de salud sin médico, tal como se recoge en el último protocolo de actuación difundido por la Gerencia de Atención Primaria.

    ¿Qué podemos esperar cuando la inversión en Atención Primaria es de un 14, 7% frente al 25% que recomienda la OMS? Y Madrid es la comunidad que menos invierte en sanidad

    Resulta llamativo que, frente a esa situación de infrafinanciación e infradotación de los servicios públicos, aparezcan noticias sobre los beneficios millonarios que dejan los pacientes de la sanidad pública al ir a la privada: 263 millones en el caso concreto de la Fundación Jiménez Díaz entre 2015 y 2021 (fuente: El País,16 de junio de 2022). A este nada desdeñable importe hay que sumarle la cantidad que el centro recibe por la atención sanitaria que presta a la población que tiene asignada por el concierto suscrito con la Comunidad de Madrid. A esto hay que añadir la contraprestación económica que percibe por la atención a pacientes que ejercen la libre elección, que no está inicialmente cuantificada. Basta repasar las distintas partidas presupuestarias de la Consejería de Sanidad para percibir hacia qué lado se inclina la balanza.

    La sanidad pública es un bien social que garantiza el acceso a servicios sanitarios con independencia de la situación económica del ciudadano, que elimina desigualdades y tiene un enorme efecto redistributivo.

    Antes de que existiera un sistema nacional de salud, los servicios sanitarios respondían al “modelo” sanidad de calidad para quien pudiera pagarla, servicios de beneficencia para quienes no. A tenor de los datos que hemos expuesto pareciera que la doctrina “del negocio” que guía a los dirigentes de la Comunidad de Madrid apostara por la recreación de un sistema tan injusto.

    La sanidad pública es un derecho esencial, y los derechos no solo se ejercen: también se defienden.

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    El SUMMA112: como se degrada y se desmonta  un servicio publico sanitario  esencial

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