fbpx

El Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento acaba de publicar el informe A/75/208, donde afirma que el tipo de proveedores y prestación de servicios de agua y saneamiento afecta al derecho, y hace referencia a la «privatización» como la delegación de la prestación de servicios, por las autoridades públicas, a entidades del sector privado, promovida por las principales instituciones financieras (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), para que el sector privado supla las prestaciones sociales de un sector público cada vez más debilitado.

Fuente: Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II

A su planteamiento se han sumado otros relatores, situados hasta hace poco en la «neutralidad» y que, ante las denuncias asociadas a la privatización y los abusos en materia de DDHH, por fin se pronuncian contra la lógica neoliberal y la mercantilización de los servicios. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos alerta del avance de ésta en nuestro país debido a los recortes tras la crisis financiera de 2008, a la discriminación y al racismo. El actual contexto de crisis sanitaria golpea con más fuerza a las personas con menos recursos, que  necesitan abrir el grifo y tirar de la cadena para vivir en condiciones dignas y saludables. El derecho humano al agua, reconocido por la ONU, es esencial para alcanzar el resto de DDHH.

El RD 8/2020 del Gobierno, aplicado durante el estado de alarma, que obligó a las empresas a un suministro continuo y prohibía los cortes de servicio, fue un gran ejemplo de justicia y coherencia. Sin embargo, presionado por el lobby del sector (que pretende socavar también el análisis del Relator), el Gobierno no ha prorrogado esta medida.

El informe A/75/208 analiza los riesgos de la privatización para el disfrute de los DDHH al agua y el saneamiento. La propia lógica del máximo beneficio por el que se rigen las empresas privadas contradice la observación fundacional de que el agua es un bien social y cultural, no un bien económico. La mercantilización merma la eficacia del servicio, al recortar las inversiones en personal, materiales, instalaciones y mantenimiento7, y no existen pruebas de su supuesta eficiencia. La privatización provoca desequilibrios de poder entre los proveedores privados y las autoridades públicas: aumento de personal no especializado, incapacidad para supervisar y vigilar, ausencia de fortaleza política y financiera para negociar o litigar, y ofrece a las empresas el marco idóneo para copar los foros de decisión, provocando la captura corporativa del estado, las puertas giratorias y la corrupción. Recordemos el proceso de privatización de la empresa CYII, por ahora paralizado.

El informe ratifica también el planteamiento de la PCPCYII de reconocer la importancia del agua para la vida y la salud, que las Administraciones deben garantizar, lo cual sólo es posible mediante una gestión pública eficaz, en el marco de los DDHH, basada en los principios de calidad, disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad, igualitaria, no discriminatoria y participativa. Por eso, la Plataforma está impulsando una campaña para que la legislación reconozca el agua como derecho humano a todos los niveles8, habiendo instado a los grupos de la Asamblea de Madrid PSOE, Podemos y Más Madrid a registrar una PNL en la que se solicita que el CYII prorrogue la prohibición de los cortes de suministro, además de impulsar el reconocimiento del mínimo vital9 y defender el consumo de agua del grifo en los establecimientos públicos.

 

ÚNETE A NOSOTRAS, CADA GOTA ES BIENVENIDA A ESTE RÍO POR LA DEFENSA DEL AGUA Y DE LA VIDA.

SE ESCRIBE AGUA Y SE LEE DEMOCRACIA.

 

Pin It on Pinterest