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    El Gobierno impide la contribución de mujeres migrantes y refugiadas en la lucha contra la Covid 19

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    NOTA DE PRENSA

    CRISIS del COVID-19 y Día del Trabajo

    El Gobierno impide la contribución de mujeres migrantes y refugiadas en la lucha contra la Covid 19

    El freno repentino a la propuesta de medidas excepcionales de regularización selectiva para profesionales del sector sanitario revela la política institucional de mantener en los trabajos más precarios a personas migrantes y refugiadas, con un efecto agravado en las mujeres.

    Asociación de Mujeres de Guatemala

    1 de mayo, 2020. La propuesta anunciada el pasado 15 de abril por el Gobierno de España a través del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de regularizar en forma extraordinaria a personas migrantes profesionales del área sociosanitaria para agilizar su incorporación al sistema de salud ante la crisis del COVID19 ha quedado en el aire, tras semanas de espera para su aprobación. Por otra parte, se mantiene el el RD 13/2020 que flexibiliza la contratación de de miles de personas migrantes dentro del sector agrario para la cosecha de cultivos que garantizan el abastecimiento alimentario. Una medida tachada de “instrumentalista” por las más de 1000 entidades que articulan la campaña #RegularizacionYa, entre ellas la Asociación de Mujeres e Guatemala AMG, SOS Racismo, SEDOAC y el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que exige el cese del “racismo institucional” y una regularización amplia e indefinida para las 600 mil personas migrantes y refugiadas en situación administrativa irregular que residen en territorio español.

    Tras estos pasos se esconde una tendencia a la discriminación según el origen nacional, étnico o racial, de acuerdo con la directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, Adilia de las Mercedes: “La sociedad española sigue teniendo una perspectiva bifronte de las personas migrantes y refugiadas: como un sujeto menor y como una amenaza —amenazan la seguridad del país y el trabajo a la ciudadanía española, etc.— Y la clase política ha adoptado estas premisas para, desde su púlpito, dictar leyes que no solo refuerzan este imaginario estereotipado sino que abren la puerta a la discriminación”.

    Mujeres refugiadas, relegadas a los márgenes y a la explotación

    Según ACNUR, las mujeres, junto a niñas y niños, representan el 70 % del total de personas refugiadas en el mundo. La mayoría de las que huyen desde las Américas en busca de protección han sido víctimas de graves vulneraciones de Derechos Humanos por el hecho de ser mujeres: violencia física, femicida, psicológica y sexual, tortura, extorsiones, trata y tráfico de personas, entre muchas otras.

    Sin embargo, al llegar a España se encuentran con que la Ley de Asilo supedita la concesión del permiso de trabajo a la aprobación de su solicitud de protección internacional, algo difícil de lograr para las personas refugiadas en general y para las procedentes de América Latina en particular, que registran una tasa del 95 % de denegación de sus peticiones. A lo cual se suman los obstáculos y la demora en la homologación de sus títulos.

    “Esta expulsión del sistema de protección de derechos (re)produce un círculo vicioso en el cual los empleadores pueden explotar más a las personas que más indefensas se encuentran y, a su vez, esa indefensión es producida por un sistema jurídico que promueve que las trabajadoras refugiadas e inmigrantes tengan como punto de partida una situación desigual que se traduce en discriminación y en la vulneración a su derecho al trabajo en condiciones dignas”, afirma De las Mercedes. Dan cuenta de ello mujeres refugiadas a quienes la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG ha brindado acompañamiento y asesoría en sus solicitudes de protección internacional, entre quienes está la médica venezolana Pilar Mejía que expresa sobre la posibilidad de contribuir a salvar vidas ante el COVID-19 “estamos bajo juramento hipocrático al recibir el grado… debemos amor al prójimo ante el dolor y la enfermedad y como persona lo consideraría un privilegio”. También la psicóloga nicaraguense Georgina Molina, especialista e violencia de género, quien sostiene: “veo las desventajas y siento las puertas entreabiertas solo para ciertos sectores y puertas bloqueadas para otros sectores para los que estoy cualificada”.

    Cabe recordar que, de tener la posibilidad de ejercer sus profesiones, ambas contribuirían con cotizaciones para la sostenibilidad de la Seguridad Social. Según cálculos de la UGT, las aportaciones por parte de la fuerza de trabajo de las personas migrantes alcanzaban el 10% del total para diciembre de 2019. El movimiento antirracista agrupado en la campaña #RegularizacionYa demanda no dejar a nadie atrás para salir de la crisis sanitaria y económica. Para ello, el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas se hace urgente. “El Gobierno debe posicionarse al lado de las personas más vulnerabilizadas, aquellas en quienes convergen las discriminaciones múltiples por ser mujeres, por ser pobres y por escapar de situaciones de hambre y de violencia”, concluye De las Mercedes.

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