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  • Un fondo buitre adquirió la deuda contraída por Olga, una vecina de Vicálvaro en situación de vulnerabilidad, y ahora quiere subastar su vivienda. La vivienda le fue otorgada por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer para la habitabilidad con sus hijos.

  • Olga quiere pagar la deuda adquirida, pero HipoGes Iberia, S. L. se niega a negociar una solución para que esta vecina se quede en su casa.

  • Mariano Rajoy aparece en la documentación como registrador de la propiedad que ha inscrito el traspaso de deudas.

  • Resistiremos Vicálvaro y Stop Desahucios prepara movilizaciones y acciones para garantizar que Olga se quede en su casa

 

 Fuente: #ResistiremosVicálvaro

 

España es el país donde los fondos buitres de la Europa. Uno de estos fondos es Prosil Acquisition S.A, sociedad mercantil con sede en Luxemburgo, al cual la empresa española “servicer” HipoGes Iberia, S. L, les hace el trabajo de gestión en las cesiones de carteras de créditos. Adquieren hipotecas de ciudadanos a precios muy reducidos con la intención de revenderlas o subastarlas por un valor muchísimo mayor, o alquilar las viviendas a precios inasequibles.

 

Olga adquirió con su exmarido una vivienda en el barrio de Vicálvaro en 2009 contrayendo una deuda con Caixanova, en la actualidad Abanca, que les permitiera adquirir dicha vivienda. Once años después, en febrero de 2020, esta vecina de Vicálvaro se divorció tras la vista en el Juzgado de Violencia la Mujer, “el juez me otorgó la custodia de mis hijos y la propiedad y usufructo de la vivienda, recayendo sobre mi la deuda”, apunta Olga.

 

Sin embargo, en este momento, su vivienda ya había pasado por dos fondos buitres, Aktua y HipoGes, dependiente de Prosil Acquisition SA. Este traspaso de deudas fue inscrito en el Registro de la Propiedad por Mariano Rajoy Brey, expresidente del Gobierno de España. A pesar de la insistencia de Olga y su familia por pagar la deuda hipotecaria contraída en la compra de su vivienda, HipoGes Iberia SL se niega a negociar con esta familia vulnerable y busca subastar la vivienda en el proceso de Ejecución Hipotecaria ante los Juzgados de Primera Instancia de Madrid.

Esta futura subasta irá acompañada de la expulsión de Olga y sus hijos de vivienda y del barrio en el que llevan viviendo y trabajando más de 12 años. “Se niegan a negociar con nosotros, a pesar de tener una situación vulnerable y con menores a su cargo, lo único que quieren es quedarse con la casa y que nos vayamos”, comenta Olga.

Pese a la situación de vulnerabilidad que Olga y su familia sufren, Hipoges Iberia les exige 161.000 euros para que la casa siga en sus manos. La administración y servicios sociales no han aportado ningún tipo de solución para que Olga y sus hijos mantengan la vivienda.

Desde la asamblea de Resistiremos Vicalvaro y Stop Desahucios Vicalvaro inciden en que “no van a permitir que ningún fondo buitre deje a ninguna familia en la calle” y “exigen soluciones reales por parte de las administraciones y gobiernos y el cese de la especulación con las viviendas y vidas de los ciudadanos tal y como establece la Constitución en su art 47”.

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