Fundación Secretariado Gitano (FSG). Igualdad y Lucha contra la Discriminación
El pleno del Congreso aprobó el pasado 26 de mayo una enmienda a la Ley de Igualdad de Trato que introduce una disposición por la que se modifica el Código Penal para incluir el antigitanismo entre los motivos que pueden dar lugar a delitos de odio.
La iniciativa, aprobada con un amplio consenso de 293 votos a favor y 50 abstenciones, continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Senado.
Desde la Fundación Secretariado Gitano aplaudimos este hito histórico, que veníamos demandando desde hace años, y que ha sido posible gracias al impulso de diputados gitanos en el Congreso.
La enmienda supondrá la modificación del artículo 22, excepción 4ª, sobre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal por cometer un delito con motivaciones discriminatorias; y los puntos 1 y 2 del artículo 510, en el que se regula el discurso de odio.
La iniciativa, que contó con 293 votos a favor y 50 abstenciones, alcanzó con creces la mayoría absoluta necesaria en el Congreso por su carácter orgánico. Para la FSG, este amplio consenso político tiene un valor fundamental: el de trasladar a la comunidad gitana que cuentan con el apoyo de nuestros representantes legislativos.
De este modo, y a través de dicha modificación, se podrá castigar con una pena de prisión de uno a cuatro años y multas a quienes públicamente promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia “por motivos antigitanos”. Además, se prevé que cuando se cometa cualquier tipo de delito regulado en nuestro código penal “por motivos antigitanos” la pena será superior a cuando no exista una motivación discriminatoria.
Este reconocimiento del antigitanismo como una motivación de odio expresamente previsto en el Código Penal no solo está perfectamente alineado con las recomendaciones europeas en la materia, sino que contribuye a reparar las violaciones de derechos humanos con motivación antigitana cometidas en el pasado. Se trata, en definitiva, de un hito histórico para el Pueblo Gitano, históricamente reprimido por las instituciones y las leyes, y que al fin encuentra en la normativa vigente un reconocimiento a la discriminación sufrida, así como una protección específica brindada por la normativa y los tribunales.
