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A nadie se le escapa que la sanidad pública lleva años retrocediendo. La Marea Blanca detuvo la privatización de seis hospitales, pero se siguieron inaugurando centros hospitalarios completamente privatizados como el de Villalba, aumentó la derivación de pacientes a hospitales privados y privatizados y se siguieron entregando servicios como limpieza, mantenimiento o archivos a empresas. El deterioro continuó, con listas de espera que siguieron creciendo. Con la llegada de la COVID-19, este deterioro ha dado un salto: los centros de salud y el SUMMA (ambulancias y urgencias de Atención Primaria) cumplen un año de desorganización y desastre, mientras se regala dinero a constructoras y demás amigos del poder en IFEMA o el Hospital Isabel Zendal.

 

Guillén para Nº 7 de Madrid en Acción

 

Teniendo en cuenta que el deterioro no se detiene, y cómo se aprovecha la pandemia para darle una nueva vuelta de tuerca, tenemos que encontrar nuevas estrategias con las que hacerle frente. Es difícil defender la sanidad pública que teníamos antes de la llegada de la COVID, con sus interminables listas de espera y citas de pocos minutos por paciente en los centros de salud.

Por eso no hay que reconstruir nuestra sanidad, sino refundarla. Con base en un proyecto que nos ilusione, por el que merezca la pena luchar. Esto ya se ha hecho en el pasado. Cuando la industrialización atraía a miles de personas del campo a la ciudad, que después eran explotadas en fábricas con jornadas de más de 12 horas, la respuesta no fue defender esas jornadas para evitar que se alargasen aún más. Los trabajadores lucharon por la sociedad que querían, por la que merecía la pena sacrificarse: una jornada de ocho horas, vacaciones pagadas, el fin del trabajo infantil.

Una herramienta ya conocida, y por la que merece la pena luchar, es la de los Consejos de Salud. La Ley General de Sanidad de 1986 ya creó esta figura, aunque limitada: un órgano de participación a nivel de cada comunidad autónoma y de cada área sanitaria. Sus atribuciones consistían en verificar la adecuación de las actuaciones, orientar directrices, proponer medidas, promover la participación, conocer e informar anteproyectos y memorias anuales… Es decir, sin poder alguno. Verificar, orientar, proponer, promover, conocer o informar son verbos que definen un papel secundario en el funcionamiento de la sanidad. Su composición era burocrática: junto a representantes de la Administración sanitaria, un 50% de representantes de ayuntamientos y diputaciones provinciales y un 25% de miembros procedentes de los sindicatos más representativos.

Un modelo preferible es el de los Consejos Escolares de colegios e institutos. Su versión más interesante fue la que recogía la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) cuando entró en vigor en 1985. Sus atribuciones sí tenían interés: el Consejo Escolar elegía al director y nombraba al resto del equipo directivo a propuesta de éste, decidía sobre la admisión de alumnos y ciertas sanciones disciplinarias, aprobaba el proyecto de presupuestos y el reglamento de régimen interno, supervisaba la actividad administrativa y docente, y tenía la potestad de destituir al director si así lo decidían dos tercios de sus miembros. Elegir, nombrar, decidir, sancionar, aprobar, supervisar y destituir sí son términos de describen un papel protagonista. Su composición era democrática: un tercio, profesores elegidos por el propio claustro; alumnado, madres y padres formaban otro tercio. Lo integraban también el director, el jefe de estudios, el secretario (con voz pero sin voto) y un representante del Ayuntamiento. Precisamente porque los Consejos Escolares daban auténtico poder a la comunidad educativa, sufrieron varias reformas que los fueron vaciando de contenido.

Si se implantase un modelo similar en la sanidad pública, podemos esperar resultados ilusionantes. Si los Consejos de Salud nombrasen y pudiesen destituir a gerentes de áreas y hospitales, y a los directores de los centros de salud, los jefes de estos altos cargos pasarían a ser la comunidad de usuarios y trabajadores. Si los presupuestos tuviesen que ser aprobados por el Consejo de Salud, ¿seguiría avanzando la privatización de servicios como mantenimiento, esterilización o cocinas? ¿Seguiríamos derivando pacientes a clínicas privadas con grandes sobrecostes, seguirían aumentando las listas de espera? ¿O se contrataría personal propio? ¿Seguiríamos dando citas de seis minutos o menos por paciente en los centros de salud? La Consejería de Sanidad trocea los contratos públicos para convertirlos en contratos menores, sujetos a menos controles, alcanzando cifras de 800.000 contratos menores al año: fraccionamiento de contratos para favorecer a empresas amigas. Esto no sería posible si el poder sobre nombramientos y gastos lo tuviesen usuarios y trabajadores. No habría puertas giratorias.

Podemos tardar varios años en conseguir que se apruebe una ley creando Consejos de Salud con potestad legal para nombrar gerentes y aprobar presupuestos, pero no tenemos que esperar tanto para poner en marcha una primera versión de este proyecto. Pacientes y trabajadores podemos empezar a crear Consejos de Salud en nuestras comunidades. Organizaciones que luchen por mejorar las condiciones de la atención sanitaria, cuidando de los pacientes sin apoyo familiar, transmitiendo problemas y propuestas a los directivos de centros de salud y hospitales, a los distintos niveles territoriales de la Administración y a los partidos políticos. Movilizando a vecinos y trabajadores cuando sea necesario presionar para avanzar.

Merece la pena luchar por una sanidad pública que esté al servicio de las personas que hacen uso de ella y la hacen funcionar. Una sanidad en la que las cuentas estén claras, que responda ante pacientes y trabajadores. Hay antecedentes en nuestras leyes. Existen antecedentes en la práctica, como la Mesa de Salud de Carabanchel y el Consejo de Salud de Vallecas. Y sobre todo, hay antecedentes en la historia de nuestras luchas.

‘Teniendo en cuenta que el deterioro no se detiene y cómo se aprovecha la pandemia para ello, tenemos que econtrar nuevas estrategias con las que hacerle frente’

 

‘Una herramienta por la que vale la pena luchar es la de los Consejos de Salud. La LGS ya creó esa figura, aunque limitada. Modelo preferible es el de los Consejos Escolares’

 

‘Una sanidad pública al servicio de las personas que hacen uso de ella y la hacen funcionar, con las cuentas claras, que responda ante pacientes y trabajadores’

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