Más

    Dar visibilidad a las familias de los fallecidos en residencias durante la pandemia

    Solidaridad en Acción

    spot_img spot_img

    Plataforma Verdad y Justicia

    La Plataforma Verdad y Justicia nace para dar visibilidad a las familias de los fallecidos en residencias durante la pandemia. Las residencias sufrieron muchos fallecimientos en toda España, pero hubo una diferencia en Madrid ¿Qué se produjo en Madrid que no se dio en otras comunidades?

    Los protocolos firmados por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid a mediados de marzo, durante la primera ola, para derivar a los enfermos de las residencias a los hospitales públicos contenían criterios de exclusión por edad avanzada, por patologías graves y además dependencia. Estos criterios vulneran, entre otros, los derechos del discapacitado.

    Decían en otros:

    — Deterioro funcional severo, definido por el índice de Barthel (ìndice de valoración de dependencia), menos de 25.

    — Deterioro funcional grave Barthel, entre 25-40 más deterioro cognitivo moderado.

    Es decir, quedaban excluidos los enfermos con dependencia grave y dependencia moderada.

    Por lo tanto, acudir a un hospital público dependía del grado de discapacidad física o mental del paciente, y no podían acudir desde una residencia porque las ambulancias no iban a buscarles si no tenían autorización, y esta autorización no era dada si el paciente entraba dentro de los criterios de exclusión

    Las defunciones registradas en residencias durante los meses de marzo y abril de 2020 ascendieron a 9.468. De ellas, 7.290 personas, el 77% del total, fallecieron sin atención médica en las residencias de la Comunidad de Madrid. Ésta es una de las mayores catástrofes en los últimos años en nuestro país. Además, el Gobierno de la Comunidad de Madrid mintió: se dijo que se estaban medicalizando las residencias, pero no se hizo; solo se realizó en la Residencia La Paz en Madrid

    Se dijo que los hospitales estaban colapsados, pero no era cierto, no se derivaron a Ifema, ni a hoteles medicalizados ni a hospitales privados en lo que había plazas, solo trasladaron a enfermos de las residencias con seguro de sanidad privado.

    No es que no hubiera otra posibilidad de atención a los enfermos en residencias, es que no se gestionó bien y se pensó que como se iban a morir, pues para qué…

    Tenemos muchas leyes que suenan muy bien: todos los residentes en España tienen derecho acudir a un hospital, todos son iguales, pero ante una emergencia se discrimina y así lo hemos vivido. Por eso hemos de encontrar la verdad y hacer justicia para que esto no vuelva a suceder.

    ¿Pero qué se está haciendo? Pues ocultarlo, como en épocas pasadas. Se abrió una comisión de investigación para esclarecer los hechos, pero un pacto del PP y Vox la paró.

    El Tribunal Supremo, el 18/12/20, dictó un auto que dijo que se indagará el origen de los protocolos porque la derivación a los hospitales debe ser un acto médico y no una orden. Hoy en día existe la posibilidad de no traslado porque el médico opine que dicho traslado no va a suponer una mejoría para el paciente, pero esto debe ser autorizado por la familia, y si la familia quiere llevarlo al hospital se traslada al paciente. En la situación de los fallecidos en las residencias no había esa opción, los familiares suplicaban el traslado pero no se hacía por protocolo y además se decía así a los familiares. Se les dejó morir con neumonías, sin oxigeno y en soledad, porque recordemos que las visitas estaban prohibidas.

    Las querellas deben presentarse de forma individual, lo que obliga a cada familia a costear la totalidad de los gastos de abogados y procuradores. Además de esta forma las querellas están dispersas por los juzgados de Madrid.

    Las defunciones registradas en residencias durante los meses de marzo y abril de 2020 ascendieron a 9.468. De ellas, 7.290 personas, el 77% del total, fallecieron sin atención médica en las residencias de la Comunidad

    Las fiscalías no actúan, y si lo hacen es para minimizar las consecuencias de los protocolos, por ejemplo diciendo que no eran obligatorios. Todos sabemos que en las residencias los protocolos son los que marcan el quehacer del día a día, horarios, duchas, etcétera.

    Se han puesto alrededor de 400 querellas, solo se han estimado parcialmente 30 y la mitad continua el camino hacia el Tribunal Constitucional en un proceso largo en el tiempo y costoso en dinero

    El coste emocional que supone para las familias que presentan querellas es tremendo: enfrentarse a esos sucesos durante meses no es nada fácil, y la mayoría termina abandonando.

    Es muy importante abrir una comisión de investigación y centralizar todas las querellas en un juzgado para tener una visión total de lo que ocurrió. Es fundamental que estos sucesos se aclaren para que todos aprendamos el valor de la vida de una persona, independientemente de su dependencia o edad. Necesitamos una sociedad clara y responsable, que quiera la verdad y la justicia.

    FUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS EN ESPAÑA

    Esto no hubiera sido posible si las residencias no hubieran tenido un grado de abandono bastante importante antes de la pandemia, no solo económico sino también social. Esta situación no ha cambiado en la actualidad.

    Tenemos 474 residencias en la Comunidad de Madrid, solo 25 son de gestión y titularidad pública. La mayoría, por tanto, son concertadas con empresas gestoras que invierten en residencias para lógicamente obtener beneficios. No todas funcionan mal y no todas las públicas funcionan bien, pero delegar el cuidado de los mayores y dependientes en manos de empresas de negocios es bastante inaceptable para una sociedad que se enorgullece de sus servicios sociales.

    Y como los cuidados dependen de los indices económicos, si hay que ahorrar en cuidadores, alimentación, talleres, rehabilitación, etc., pues se ahorra. La cantidad de personal es clave para la calidad de los cuidados, y es donde se suele ahorrar más. Como consecuencia se dan casos muy graves, tan graves que se pueden considerar maltrato: falta de personal que les alimente causándoles malnutrición, falta de higiene que les provoca heridas, falta de rehabilitación que les incapacita aún más., etcétera.

    Por parte de la administración, la mayoría de las veces son excusas: no encuentran personal, están buscando, no les podemos sancionar porque ya lo están intentando mejorar, y no se toman en serio las quejas de las familias. También hay poca transparencia en lo que ocurre en las residencias: lo normal es que si hay un problema lo oculten y así no tiene consecuencias. Vemos a menudo este comportamiento infantil, inmaduro, mentiroso y oscuro que pone en peligro la vida de los residentes. La Administración y las residencias no entienden que es el hogar de los residentes y no la casa de los empresarios.

    Las residencias son muy necesarias en nuestra sociedad, como lo son las escuelas infantiles. Debemos de dejar de culpabilizar a las familias por llevarlos a las residencias al igual que lo hemos dejado de hacer por llevar a los niños a las escuelas infantiles.

    Debemos cambiar el modelo residencial: existen otros modelos en Europa y debemos copiarlos para que sean verdaderos hogares.

    Pero para las personas dependientes severas o graves debe haber una implicación mayor. Creemos que debería ser el Sistema Nacional de Salud y las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas las que se ocupen de las plazas en residencias de estas personas. Debemos incluirlos en la sanidad pública, como lo hacemos con los demás enfermos, sea de cancer, una enfermedad infantil o el simple dar a luz. La cobertura sanitaria debe asistir a la gente dependiente a cualquier edad, directa y claramente hasta el fin de sus días.

    Residentes, familias y Administración debemos fortalecer y ampliar nuestro Sistema Nacional de Salud, que es el de todos, por derecho, y no delegar en un contrato de negocios los cuidados de enfermos o dependientes..

    También es importante hacer un esfuerzo social para incluir las residencias en la vida de todos. Que los residentes tengan acceso a cines, teatros, bibliotecas del barrio, como lo hacemos todos. Los universitarios pueden contribuir con trabajos remunerados en las residencias. Los niños, los adolescentes, todos debemos poder encontrarnos con los dependientes o mayores que vivan dentro o fuera de las residencias, no solo para aportarles nuestra ayuda sino para recibir de ellos sus experiencias

    Necesitamos tu ayuda. Aquí tienes el correo de la Plataforma Verdad y Justicia para que te unas a nosotros:

    justiciadignidadresidencias@gmail.com

     

    Últimas noticias

    Crónicas del viaje

    - Solidaridad en acción- spot_img
    Noticias relacionadas