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Desde la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS), colectivo sin ánimo de lucro cuya labor es ayudar a familias vulnerables con problemas de vivienda o recursos públicos, os invitamos a todas el viernes 5 de marzo a las 10:00 horas a una concentración ante el Ayuntamiento de Madrid (Plaza de Cibeles).

Varias familias que en su día fueron desahuciadas de sus casas y fueron acogidas en los recursos del Ayuntamiento en el Plan de Emergencia del gobierno municipal presidido por Manuela Carmena en 2018 entraron en los programas del Ayuntamiento de Madrid. Algunas de estas viviendas son propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), cuya gestión corre a cargo de ONGs, asociaciones o entidades privadas (Provivienda, Cruz Roja, Cáritas o ACCEM, por poner unos ejemplos).
Las familias con desahucio programado y sin alternativa habitacional adecuada entraron a este programa directamente.
Los objetivos de estos programa eran ayudar a las familias a encontrar una vivienda y que salieran del estado de vulnerabilidad en el que se encontraban.
Lejos de estos objetivos, son instruidas en hacer talleres y reuniones semanales, formación que, en algunos casos, entorpece la búsqueda de empleo para así poder obtener algún puesto de trabajo, ya que se tienen que ajustar a dichas reuniones.
Hay numerosas familias que se encuentran en estos recursos durante un tiempo excesivamente largo, meses e incluso varios años. De este modo, se les hace muy difícil encontrar una vivienda digna y adecuada.

Queremos recordar que estos alojamientos de emergencia son “temporales” y su solución final es el acceso a una vivienda pública y social.
Nuestro objetivo y deber como movimiento social es denunciar públicamente las prácticas que, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de las citadas entidades, ejercen las familias que allí residen, las cuales reciben amenazas de que tienen que abandonar la vivienda porque se les acabó el tiempo de estancia ya que son recursos no permanentes o cuyos “contratos” no son renovados.
Sabemos perfectamente que estas mismas entidades pueden subrogarse a estos “contratos” y adaptar las condiciones de las familias.
En estos momentos, nuestro colectivo está formado por varias familias que viven en dichos recursos sin el citado contrato y que ahora mismo están en situación precaria, sin poder saber el fin de esta situación, y con la angustia de verse en la calle. Estos contratos no se quieren renovar y no se intenta negociar con las familias y el Ayuntamiento.

Nos preguntamos porqué no se denuncian estas situaciones, cuando se presiona a las familias para que sean ellas las que abandonen los recursos de manera voluntaria, algo difícil de asumir pues no tienen donde ir.

Asimismo, se suceden otras prácticas o estrategias tales como comunicar a una familia un cambio de vivienda por “obras” pero no dando explicación de donde las van a llevar, negando dar dichas explicaciones por escrito, con el único fin de dejarlas en la calle o que vuelvan a los albergues que gestiona ACCEM, recursos donde muchas pasaron los peores momentos de sus vidas, ya que las responsables de los albergues hacen habitualmente un uso desmedido de su autoridad en el centro y actúan más allá de su cometido, recurriendo a vejaciones y utilizando muy a menudo coacciones para presionar más a la familias, utilizando en ocasiones llamadas a la policía nacional.
Citaremos un ejemplo concreto: una familia de cuatro miembros, uno de los cuales es menor de edad.
Los progenitores están enfermos, operados de corazón muy recientemente. El coordinador de zona habló con el hijo mayor estando su madre ingresada en el hospital, exponiendo que, en cuanto su madre saliera del hospital, se tenían que marchar del recurso sin otra alternativa que la calle. Nada por escrito, todo verbal. La familia se ha reunido con el Ayuntamiento de su distrito donde no solo no les han dado ninguna solución sino que además les indican, palabras textuales “Esto es algo que gestionó el otro gobierno. Que vengan y os ayuden ellos”.

Podríamos contar muchas más.

Esta situación no es aislada, podríamos contar muchas más: llegan a nuestros oídos y nuestras asambleas todas las semanas.
¿Seguirán permitiendo que todo esto pase usando el miedo a quedarse en la calle?

Además, un total de 26 familias residentes en pisos de la EMVS gestionados por Cruz Roja (con todo tipo de realidades y situaciones) nos dicen que este organismo les está ofreciendo entre 3000 € y 4000 € por abandonar su vivienda (no sabemos de dónde sale este dinero pero sí quiénes están detrás). Son familias unidas en la vulnerabilidad, con la única explicación que su “contrato” ha sido restringido por el Ayuntamiento.
Las familias no quieren dinero, lo que quieren es que se le den una solución real.

Con esta acción-reacción queremos llegar a las personas responsables que mantienen el silencio en las peticiones de reunión y negociación.

Por todo ello, EXIGIMOS que el Ayuntamiento de Madrid se haga responsable de lo que está ocurriendo en estos recursos y se den soluciones reales de habitabilidad digna y adecuada a las familias y saldremos a la calle para protestar y dar voz a las familias vulnerables.
Con esta acción-reacción queremos llegar a las personas responsables que mantienen el silencio en las peticiones de reunión y negociación.

Exigimos que las familias que están sufriendo estas situaciones en estos recursos sean adjudicatarias directas de la EMVS, ya que son viviendas de su propiedad, residiendo años en elllas y siendo todas solicitantes de Vivienda Pública.
Si llevan años esperando a ser adjudicatarias es por la incompetencia de los responsables de las políticas municipales de vivienda de emergencia.

Exigimos que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid dejen de mirar para otro lado.
No nos queda más que salir a la calle ante la emergencia de estas situaciones en plena pandemia.

¡Ni gente sin casa ni casas sin gente!

Fuente: Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS)

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