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“Con otros modelos de cuidados para mayores habría habido menos infectados y muertes”: Entrevista

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El debate en torno a la idoneidad o no de las residencias como modelo de cuidados y convivencia para la población mayor no ha surgido ayer, pero lo visto estos últimos meses sí ha multiplicado las críticas a dicho modelo. Para conocer otras posibilidades, hemos entrevistado a María Cátedra, catedrática emérita de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid, y a Cristóbal Gómez Benito, sociólogo. Ambos son miembros de la Asociación Meridiano.

Por Roberto Blanco Tomás

 

La crisis del coronavirus ha puesto en el foco a la población mayor, especialmente la usuaria de residencias…

 

María: Ha sido terrible. Han muerto cerca de 20.000 personas mayores en residencias, y solo en Madrid unas 6.000. El 93% de los fallecidos vivían en residencias privadas o concertadas. Estos datos ponen en cuestión a la propia institución y al lucrativo negocio que rodea a las residencias privadas. Me viene a la memoria el caso de los daneses que en 1976 reunieron los asilos y residencias de ancianos en una única agencia estatal. Los mayores que se mudaban a estas residencias cedían gran parte de su pensión, vivían con poca o ninguna privacidad y prácticamente sin autonomía. Los daneses llamaban a estas residencias “la puerta al infierno”, lo que supuso su cierre y el subsiguiente cuidado en los domicilios particulares. Creo que, salvando las distancias, éste es el caso de muchas residencias de nuestro país. Pero la vivienda propia tampoco soluciona muchas veces el problema del cuidado y la soledad, como revelan las también abundantes muertes de personas mayores solas en casa.

Cristóbal: Efectivamente, en nuestro país la pandemia ha ocasionado gran mortandad entre la población mayor de 70 años (más del 80% de los casos) y una alta tasa de afectados entre el personal sanitario, lo que revela las deficiencias de nuestro sistema de residencias de mayores y de nuestro sistema sanitario en cuanto a equipamiento general y específico para combatir la pandemia. Es evidente que el sistema público y privado de residencias para mayores es muy deficiente, tanto en su planteamiento como en la dotación de recursos para el cuidado de los mayores, además de muy caro para los usuarios y las Administraciones públicas.

 

‘Han muerto cerca de 20.000 personas mayores en residencias, y solo en Madrid unas 6.000. El 93% vivían en residencias privadas o concertadas’

¿Podría haberse evitado esta situación? ¿Existe hoy en día alternativa?

M.: Las personas mayores debemos encarar el hecho del envejecimiento y planear la cada vez mayor longevidad que disfrutamos. Uno de estos modelos de cuidados y convivencia es el senior cohousing o covivienda de mayores. Pero el cohousing no es una alternativa estricta al modelo de residencias, sino que va más allá. Se trata de envejecer con los amigos y no con extraños con los que uno no tiene nada que ver; a largo plazo, y no cuando uno está mal; en el mismo lugar en que uno ha pasado una buena parte de su vida, la ciudad, y no aparcado en pueblos “vaciados” o el extrarradio; con independencia y autonomía, y no sujetos a una institución jerárquica.

C.: Si existieran estos otros modelos de cuidados para mayores, sin duda habría habido menos casos de infectados y muertes. Pero hay que distinguir entre los fallos de este modelo en cuanto tal y los fallos debidos a una deficiente atención a estos establecimientos. El modelo falla en sus propios planteamientos porque los establecimientos privados priman, lógicamente, los beneficios, y los públicos o concertados son de costoso mantenimiento, lo que redunda negativamente en la calidad de los servicios que prestan. Además, ha habido fallos de control por parte de los responsables públicos, especialmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos, sobre todo en el caso de Madrid.

 

¿Podéis describir brevemente la propuesta de Meridiano?

M.: Meridiano, tras un largo proceso de reflexión, ha definido un modelo singular de comunidad de cuidados compartidos, basado en un concepto de residencia que permite la convivencia frente a la soledad y que aprovecha la fuerza del grupo para la atención de las necesidades individuales, cuyos rasgos principales son la integración con el entorno, la vida activa, la potenciación y aprovechamiento de las capacidades particulares, la autonomía personal, la protección y cuidados compartidos. Es un espacio de solidaridad y apoyo mutuo diseñado, planeado y autogestionado directamente por quienes en ella participan, un grupo formado y cohesionado.

 

¿Cuáles son, a vuestro juicio, los “puntos fuertes” de dicha propuesta?

C.: Fundamentalmente la autonomía respecto a la Administración y el sector privado en la financiación, mantenimiento y gestión. Su énfasis en el servicio y no en la propiedad (que será de la asociación) y en su compromiso con ser útil al entorno social en que se encuentre.

 

El proyecto pone especial acento en la autogestión…

C.: Así es: es la clave del modelo. Autonomía respecto a la Administración y a las propias familias de los miembros. El grupo diseña el modelo de convivencia y el edificio, los servicios comunes, los espacios privados y los compartidos; se autofinancia y autorregula su funcionamiento. En ese sentido, descarga a la Administración pública de atender estos establecimientos.

 

¿Y en cuanto al aspecto económico? ¿Cómo se financiaría?

M.: Con los recursos de sus asociados y créditos cooperativos avalados por la Administración. Pero es básica la cesión en uso o donación de un pequeño terreno dotacional, puesto que si no, dada la situación de especulación de suelo urbano en Madrid, no se podría llevar a cabo el proyecto. Muchos de nosotros somos jubilados.

 

‘Las personas mayores debemos encarar el hecho del envejecimiento y planear la cada vez mayor longevidad que disfrutamos’

 

¿Qué papel jugarían las Administraciones?

C.: Las directamente implicadas son la local y la regional. Éstas deberían, primero, comprender la utilidad social de este modelo, reconocerlo en la legislación y apoyarlo, ya que desde el punto de vista del interés público solo tiene ventajas y ningún inconveniente. Para ello tienen que cambiar aspectos de la normativa urbanística, de servicios sociales y reconocer a estas entidades como tales y de interés social, y con ello ser objeto de estímulo, ayuda y promoción. Es fundamental que proporcionen suelo y que arbitren sistemas para avalar la financiación de la construcción y mantenimiento del edificio y de los servicios que en él se presten.

 

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