Viernes 28 de marzo, de 19 a 21 horas en el Ateneo La Maliciosa (Traficantes de Sueños), C/ Peñuelas, 12

Compas, os recordamos y animamos a participar en la asamblea que celebraremos el próximo viernes 28 de marzo, con motivo de los 5 años del periódico. Consideramos importantísimo hacer entre colectivos y colaboradoras una evaluación general, tanto de lo publicado como de la gestión y futuro del proyecto.

Procuremos ser lo más puntuales posible pues hemos de adaptarnos al horario de la sala que nos reservan en el Ateneo elaborando a las 19 horas haremos entre todas el orden del día.

A través de este link, podréis ver el PDF con todas las ediciones del Madrid en Acción que  proyectaremos  de fondo durante  la reunión.

Asimismo presentaremos el libro recopilatorio de todas las viñetas de “Ayusadas” y  más que se han publicado en estos 31 números editados y contaremos con la presencia de su  autor, Manolito Rastaman

Podéis ver algunas viñetas del libro en este link y recordad, el código para leer el PDF, es 7291

El libro lo venderemos al finalizar la reunión, el coste es de 5€, si nos hacéis pedidos os los llevamos, y si os es posible, pedirlos a redacción@madridenaccion.org

Al final brindaremos con una copita de Quitapenas malagueño.

Las páginas de «Ayusadas» os lo van a hacer pasar en grande. Y también es muy probable que las aventuras de Isabelita y su pandilla os hagan pensar que la Comunidad de Madrid es una casa de seres enloquecidos y peligrosos… Pues os diremos que, en este caso y una vez más, la realidad supera ampliamente a la ficción.

Desde aquí puedes hacerte una idea de este genial libro, recopilatorio de estos cinco años de la viñeta de Manolito Rastamán, publicada en Madrid en Acción.

La contraseña es 7291

https://madridenaccion.org/pdfviewer/ayusadas/?auto_viewer=true#page=&zoom=auto&pagemode=thumbs

Los pedidos se pueden hacer escribiendo a redaccion@madridenaccion.org

El coste es de 5€…

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Todos los jueves en la sede de la asociación Senda de Cuidados1 un grupo de trabajadoras de hogar y dos abogados se reúnen semanalmente, desde las siete de la tarde hasta las nueve de la noche, para acoger, asesorar y acompañar a otras compañeras del sector en la defensa de sus derechos laborales. Este espacio se llama Acuerpar Derechos. Y nuestro lema es: “Querían brazos, pero llegamos personas”.

Hoy llegó al espacio Sandra, una joven nicaragüense que, aunque sus empleadores le dicen que es “como de la familia”, cada vez que tiene que acudir al médico le hacen suplir esas horas que falta haciéndoselas trabajar en sábado o domingo. También acudió Belinda, que llevaba trabajando 8 años como interna, cuidando a un señor mayor enfermo con Alzheimer al que finalmente la familia ha llevado a una residencia. A ella la han despedido y ni siquiera le han pagado el mes completo.

Tras tomar un tecito y escucharlas con mucho interés, las compañeras han empezado a informarle de sus derechos y sus posibles opciones para reclamarlos, asegurándola que no iba a estar sola. Isabel, que vivió una situación parecida la de Belinda hace unos años y que hoy forma parte del grupo de acogida, le ha contado su experiencia, cuando ella sin papeles, pero apoyada por el colectivo, denunció a sus empleadores y ganó en la negociación.

Historias como éstas se escuchan cada jueves en este espacio, creado después de la pandemia por la asociación Senda de Cuidados y el colectivo Territorio Doméstico como una asesoría legal comunitaria, sostenida no solo por saberes legales expertos, sino también por los propios saberes compartidos de las trabajadoras de hogar que se forman para el acompañamiento de otras compañeras cuando deciden denunciar. También se organizan talleres colectivos como el taller Qué Hacer si te Despiden, el Taller de Bajas y Jubilaciones, o Cómo Acompañar al Servicio de Arbitraje y Mediación (SMAC), etcétera.

Pese a que hace dos años, y gracias a las luchas de las organizaciones de las trabajadoras de hogar y el apoyo de colectivos feministas, se ratificó en España el convenio 189 de la OIT y se reconoció, entre otros derechos, el derecho al paro, el empleo doméstico y de cuidados sigue constituyendo uno de los sectores laborales más invisibilizados, precarizados y desprotegidos, ya que en numerosas ocasiones las trabajadoras mantienen condiciones de semiesclavitud, sobre todo las trabajadoras que están en situación irregular y en régimen de internas.

Un dato muy representativo es que, si en nuestro país existen más de 700.000 trabajadoras de hogar, la mayoría mujeres migrantes, solo una tercera parte está cotizando a la Seguridad Social. El resto se mantiene en situación de economía sumergida y es llevado a cabo por mujeres sin papeles, con lo que la vulneración de sus derechos se acentúa aún más. Frente a esta realidad el espacio Acuerpar Derechos construye procesos de empoderamiento con las trabajadoras de hogar, liderados por ellas mismas, apoyando el conocimiento y la defensa de sus derechos. Otro de sus objetivos es incidir en las instituciones públicas para lograr la equiparación plena y efectiva de los derechos laborales de las trabajadoras de hogar. Sus acciones forman parte por tanto de los procesos colectivos de organización de las propias trabajadoras por la defensa de sus derechos y reivindicaciones, el fortalecimiento de grupos de apoyo mutuo, la asesoría y el tejido de sus redes formales e informales para hacer de su vulnerabilidad potencia de lucha.

Desde Acuerpar Derechos entendemos que no hay cuidados dignos sin trabajo digno y que la “crisis de los cuidados” y la falta de recursos y servicios públicos no puede cubrirse sobre la explotación y precariedad de las trabajadoras de hogar, especialmente de las compañeras sin papeles. Por eso este espacio es también un altavoz para sensibilizar a la ciudadanía y para exigir a las instituciones públicas la equiparación plena y efectiva de los derechos laborales de las trabajadoras de hogar y cuidados, así como la urgencia de una ¡regularización ya!

1. C / Duque de Alba 13, metro Tirso de Molina. Compartiendo espacio con la librería Traficantes de Sueños.

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Feministas Prospe

Feministas Prospe (@feministas_prospe) somos una asamblea feminista de barrio que nos organizamos autónomamente para acercar a nuestras vecinas la lucha contra las estructuras patriarcales y su impacto en nuestras vidas diarias. Con motivo de este próximo 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, hemos organizado una serie de eventos y acciones en el barrio porque queremos alzar la voz para exigir que cesen de una vez las violencias machistas.

El sábado 23 a las 12:00 vamos a salir a la plaza de Prospe y a las calles del barrio para denunciar la situación en la que se encuentra la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid.

Saldremos para poner en común la gravedad de lo que está pasando con este servicio público tan fundamental y que se encuentra en una grave situación de abandono por parte del Ayuntamiento, que ha dado lugar a la precariedad absoluta de las trabajadoras y a la vulneración de los derechos de las mujeres usuarias y sus criaturas y personas dependientes a su cargo, víctimas de violencia machista.

Mujeres en situaciones de extrema gravedad, que precisan de un sistema que las sostenga y las acompañe, están viendo como, día a día, los recursos son menos y están menos disponibles.

Por esto acompañamos en su huelga el 25N a las trabajadoras de la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid, y pedimos que las condiciones se adecuen a las necesidades reales, que se escuche a las trabajadoras y sus peticiones, y que se haga una gestión pública de los recursos para mejorar el servicio en su totalidad y para atender a las mujeres víctimas de violencia como determina la Ley 1/2021, de 24 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia de Protección y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género.

Y porque las violencias son múltiples y no cesan, el domingo 24 a las 11:30 proponemos, en colaboración con la Asociación Vecinal Valle-Inclán de Prosperidad, el taller de literatura feminista “Nosotras lo vivimos, nosotras lo escribimos”, en el que invitamos a las vecinas a abordar, a través de la lectura y comentario de textos escritos por mujeres, un acercamiento a la representación de la violencia sobre la mujer en la literatura, impartido por Edurne Batanero (@artaldea_ar), compañera de Feministas Prospe.

En el taller leeremos extractos de novelas y poemas escritos por mujeres, principalmente de obras contemporáneas escritas en castellano, para conocer cómo estamos representando en la literatura las violencias que sufrimos y reconocer las distintas maneras en que éstas se representan.

Finalmente, este próximo lunes 25 de noviembre, convocamos a las vecinas de Prosperidad a la plaza, para hacer una lectura conjunta del manifiesto y después marchar juntas a la manifestación, que saldrá a las 19:00 desde Atocha (Glorieta de Carlos V), pasando por Cibeles, hasta llegar a la calle de Alcalá.
Este año, partiremos bajo el lema común “¡Juntas, el miedo cambia de bando!”. Haciendo hincapié en que el machismo es estructural, está en todas las personas y en todas partes, y el problema es este sistema patriarcal, que perpetúa, alienta y tapa todas las violencias machistas y que tenemos que tirar abajo.

#ElMiedoCambiaDeBando #25NContraViolenciasMachistas #NiUnaMenos #MachismoEstructural

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 Kellys Madrid y Territorio Doméstico se unen para reivindicar el reconocimiento de las enfermedades profesionales y la salud laboral de las trabajadoras de cuidados, limpieza y camareras de piso

• Día Internacional de los Cuidados. Lanzamiento de la campaña #OrgullosasDeCuidarnos

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Con motivo del Día Internacional de los Cuidados, que se ha celebrado el 29 de octubre, las organizaciones Kellys Madrid y Territorio Doméstico han lanzado la campaña #OrgullosasDeCuidarnos. Esta iniciativa se centra en la necesidad urgente de reconocer las enfermedades profesionales y mejorar la salud laboral de las trabajadoras de los sectores de cuidados, empleo de hogar, limpieza, ayuda a domicilio y camareras de piso.

‘Sin nosotras no se mueve el mundo’: un llamado a la acción

Kellys Madrid y Territorio Doméstico son dos organizaciones formadas por mujeres que trabajan por el reconocimiento y la mejora de las condiciones laborales. Kellys Madrid representa a las camareras de piso, mientras que Territorio Doméstico agrupa a trabajadoras de hogar y cuidados. Ambas coinciden en señalar que, socialmente, sus trabajos tienen un escaso reconocimiento, lo que se traduce en precariedad, baja remuneración y, especialmente, en una casi total ausencia de prevención de riesgos laborales.

“Se considera que las tareas que realizamos no implican riesgos. Apenas se evalúan nuestros puestos de trabajo y no se adoptan las medidas adecuadas para evitar los daños. De modo que desde edades tempranas padecemos enfermedades que en otros sectores serían atendidas y reconocidas de forma inmediata como enfermedades profesionales”, explican desde las organizaciones.

Las trabajadoras del cuidado dedican sus vidas a cuidar y limpiar para otras personas, pero muchas llegan a los 40 o 50 años con cuerpos afectados por enfermedades y daños que, en ocasiones, les impiden seguir trabajando. La falta de reconocimiento de estas enfermedades como profesionales, además, limita su acceso a prestaciones dignas que les garanticen condiciones de vida adecuadas.

Una alianza para el cambio

Hace casi dos años, Kellys Madrid y Territorio Doméstico iniciaron un proceso de reflexión conjunta para identificar los problemas de seguridad y salud que afectan a sus sectores. A través de talleres y sesiones de trabajo, las dos organizaciones han establecido una alianza para el reconocimiento de las enfermedades profesionales y el cuidado de la salud laboral en los trabajos de hogar, cuidados, limpieza, ayuda a domicilio y camareras de piso.

“Este trabajo de análisis nos ha llevado a querer abrir un proceso a nivel social e institucional. Hemos identificado a agentes implicados y acciones concretas para transformar y mejorar nuestras condiciones laborales y de salud”, destacan.

Lanzamiento de la campaña #OrgullosasDeCuidarnos

Para dar a conocer este proceso y movilizar a la sociedad e instituciones, Kellys Madrid y Territorio Doméstico han creado la web sin nosotras.org, donde se presenta la campaña #OrgullosasDeCuidarnos. En esta plataforma se detallan las problemáticas de salud laboral a las que se enfrentan las trabajadoras y las propuestas para su mejora.

El 29 de octubre a las 11:00 se lanzó oficialmente la campaña, acompañada del proyecto fotográfico “Sin nosotras no se mueve el mundo”. Durante meses, las trabajadoras de distintos sectores han trabajado en conjunto para seleccionar 12 cuestiones que afectan su día a día, estructuradas en cuatro ejes principales: migración, trabajo, cuerpo roto y lucha. Dicho proyecto lo han transformado en un calendario para 2025, donde buscan sensibilizar a la sociedad y mostrar la realidad de miles de mujeres que trabajan en condiciones invisibilizadas pero esenciales para el bienestar común.

Las organizadoras invitan a feministas, colectivos, medios de comunicación y al público en general a apoyar la campaña compartiendo el hashtag #OrgullosasDeCuidarnos y visitando la web sinnosotras.org. Además, se espera anunciar próximamente un evento importante el 30 de noviembre para continuar con la movilización y visibilización de la causa.

https://sinnosotras.org/

▲ Primero de Mayo interseccional en 2023. Alberto Astudillo

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En la penúltima semana de noviembre y hasta la primera de diciembre de 2024 se celebrará en el Juzgado de lo Penal n.º 20 de Madrid la vista oral contra 21 de las 35 personas que fueron detenidas el 25 de septiembre de 2012 (han leído bien, 12 años después) en el que fuera el primer “Rodea el Congreso” del ciclo de movilizaciones iniciado por la aparición del movimiento 15M. Las procesadas podrían enfrentar penas de tres años y ocho meses hasta siete años y cuatro meses de prisión por delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a la autoridad, lesiones o resistencia.

Convocadas por la Plataforma ¡En Pie!, miles de personas se dieron cita en la plaza de Neptuno, fuertemente asediada por la policía, aquella noche de finales de verano del lejano 2012. La convocatoria exigía la dimisión del Gobierno (presidido por Mariano Rajoy hasta junio de 2018), la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente “para exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, mediante la dimisión del Gobierno en pleno, disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, abolición de la actual Constitución e iniciar un proceso de constitución de un nuevo sistema de organización política, económica o social”. Para ello, se planteaba rodear “de forma pacífica” las Cortes Generales, con la finalidad de expresar el descontento ciudadano con el modelo bipartidista.

Diez días antes de la fecha, ocho personas fueron detenidas e imputadas por un delito contra las Altas Instituciones del Estado (art. 494 Código Penal) ante la Audiencia Nacional, siendo el procedimiento finalmente archivado por un auto en el que el juez Pedraz enmarcó la convocatoria en “el derecho fundamental a la libertad de expresión”, señaló que “no hubo alteración alguna: la larga sesión plenaria se desarrolló normalmente” y que no se pueden prohibir “opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”. Este auto mereció que el partido en el gobierno, “acatando una vez más la voluntad de los jueces”, calificara a Pedraz de “pijo ácrata” y le acusara de “demagogia indecente”.

La concentración fue comunicada y tuvo lugar durante horas junto a un Congreso cercado por vallas policiales y un amplio dispositivo policial, cuya intervención a partir de las 21:00 se saldó con 64 personas heridas —una de ellas de gravedad, con una lesión medular— y 35 detenidas. Tras las cargas en Neptuno, la actuación policial se extendió por el paseo del Prado, llegando hasta la estación de Atocha-Renfe.

Las personas detenidas fueron trasladadas a la sede del Grupo XXI de la Brigada Provincial de Información (encargado de vigilar a movimientos sociales) en la comisaría de Moratalaz. De su paso por dependencias policiales, 26 de las 35 interpusieron denuncia por malos tratos, de la que alguna requirió asistencia hospitalaria. A pesar de que se adjuntaron diversas pruebas como partes médicos, fotografías y grabaciones de vídeo, el Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid acordó el archivo de la denuncia por malos tratos tras diez años sin practicar ni una sola diligencia de investigación; ni siquiera se tomó declaración a las denunciantes. Cabe señalar, además, que todas las demás denuncias por lesiones durante la actuación policial en las cargas acabaron siendo acumuladas en este mismo juzgado de instrucción, corriendo idéntica suerte que la interpuesta por las detenidas y vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva de las denunciantes.

Han pasado 12 años desde estos hechos. No se juzga a las 35, pues el procedimiento fue despiezado y 14 de ellas ya ha sido juzgadas en otros procedimientos previos. A lo largo de estos 12 años, una de las detenidas falleció, como también lo hizo una de nuestras mejores abogadas, Beatriz Monasterio, defensora de seis de estas personas. A la larga “pena de banquillo” se suman peticiones de prisión muy elevadas por parte del Ministerio Fiscal, en busca de condenas ejemplarizantes para sancionar la protesta pacífica. 12 años de dilaciones, de interrupción de procesos vitales y colectivos y de criminalización de la desobediencia civil, que no merecen nuestro olvido y no restarán un ápice de nuestro compromiso con la defensa de los derechos y libertades fundamentales por las que tan caro precio se paga.

Porque solo la lucha hace justicia.

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Grupo de AutoDEfensa LAboral de la Asamblea Popular de Carabanchel

Cuando tu empresa no te paga bien el salario, ni las horas extras, ni puedes disfrutar de vacaciones, la única opción es la autodefensa laboral. Desde ADELA, el grupo de AutoDEfensa LAboral de la Asamblea Popular de Carabanchel, hemos emprendido una nueva lucha, en esta ocasión contra la empresa de montaje de ferralla Fepesma, situada en el distrito madrileño de Vallecas.

Sin embargo, el verdadero protagonista de esta historia es Mor, que estuvo trabajando para esta empresa durante dos años. Es procedente de Senegal y llegó a España con el objetivo de conseguir un trabajo que le diese la oportunidad de sacar adelante a su familia y tener una vida más digna. En el período de tiempo que estuvo trabajando para Fepesma, jamás respetaron el derecho de toda persona trabajadora a tener vacaciones anuales. Si se tomaba días de descanso durante el verano, simplemente no le pagaban. En plan “te dejamos que te vayas un mes, pero no te lo vamos a pagar”. Y es que hay empresas que creen que pueden hacer lo que quieran con la clase trabajadora, y más concretamente con personas migrantes que se enfrentan a mayores situaciones de vulnerabilidad.

Mor tampoco recibió el salario que ordena el convenio colectivo de su sector, sino uno menor. Sus nóminas de cada mes parecían improvisadas, aleatorias y sin ningún sentido, ya que cada salario mensual era siempre de cantidades diferentes que no se corresponden con la legalidad vigente. Y es que hay empresas que creen que pueden jugar con nuestro dinero, sin importarles las cuestiones personales a las que tenemos que hacer frente mes a mes, tales como pagar el alquiler y las facturas, enviar dinero a nuestras familias, comer… En definitiva, lo que viene siendo vivir.

Además, esta empresa no respetó el tiempo y la fuerza de trabajo de Mor, obligándole a hacer horas extraordinarias por encima del límite legal permitido, que tampoco le remuneraron correctamente. Mor también ha visto dañada su salud, ya que desarrolló una lesión en su espalda debido al esfuerzo físico que implicaba realizar las tareas de su trabajo, lo que le obliga a estar de baja médica.

Ante esta situación, Mor decidió acudir a ADELA, informarse sobre sus derechos y emprender distintas acciones legales y de autodefensa laboral para proteger sus derechos. Lo que sucedió después es que Fepesma le despidió. La empresa tomó esta decisión, como represalia, tras ser denunciada en varias ocasiones. Habrá varios juicios, uno en 2025 (por su despido) y otro en 2026 (por las cantidades de dinero reclamadas).

Por otro lado, es importante destacar que Fepesma ha sido denunciada más veces por otros trabajadores. Se trata de una empresa que suele contratar a personas migrantes procedentes de Senegal, realizando correctamente los trámites legales como dar de alta en la Seguridad Social a la plantilla y hacer contrato de trabajo (algo por lo que no les vamos a dar un premio, porque es su deber), cuestión de la que presumen. Sin embargo posteriormente incumplen numerosos derechos laborales.

Cuando los trabajadores denuncian, como es el caso de Mor, no muestran ninguna intención de llegar a un acuerdo que sea justo para el trabajador, la actitud de los jefes es de “yo soy un trabajador más”, cuando en realidad han sido los responsables de dar muchas de las directrices con las que se han vulnerado derechos, y lanzan amenazas (que no logran dar miedo a nadie) con el objetivo de que aumente la situación de indefensión de quienes trabajaban para ellos.

Fepesma debe a Mor mucho tiempo de descanso y mucho dinero. Por eso, mientras llegan las fechas de estos juicios, Mor seguirá movilizándose junto ADELA, bajo la campaña #ADELAvsFepesma para dar a conocer esta historia y presionar a la empresa para que pague lo que le deben.

https://www.youtube.com/watch?v=VqwqYRyGhLQ&t=1s

La Ley de la AEAT está produciendo injusticia, discriminación y desigualdad

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Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas

El pasado 18 de octubre, la COESPE, a través de su comisión de Portavocía, realizó una queja al Defensor del Pueblo en relación a las cotizaciones de las mutualidades laborales en la década de los 70.

El Tribunal Supremo, en una sentencia con fecha 28/2/2023, determinó que las aportaciones/cotizaciones realizadas a las mutualidades de naturaleza análoga a partir del 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978, cualquiera que fuera su naturaleza jurídica, no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del IRPF de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, por lo que resulta procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, a la pensión publica por jubilación percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del impuesto el 75% del importe de las prestaciones por jubilacion o invalidez percibidas.

La Agencia Tributaria, de oficio, inició su cumplimiento en la campaña del IRPF del 2023. Con ello las personas pensionistas solicitantes podrían ver su base imponible reducida al disminuir su renta por trabajo y ver así disminuida su cuota fiscal.

Sin embargo, desde COESPE hemos observado que la aplicación de la Ley de la AEAT está produciendo una injusticia, discriminación y desigualdad entre las personas por la interpretación y aplicación de dicha sentencia.

Y es por ello por lo que hemos presentado esta queja al Defensor del Pueblo. Recomendamos la lectura de la queja realizada, así como la exigencia de todas las personas que pudieran estar en el período de tiempo explicado a la AEAT del cumplimiento de la sentencia sin interpretaciones que resten el derecho la devolución de los importes de las cuantías que se aportaron en su momento a las mutualidades laborales. La reclamación se puede realizar o bien presencial en las delegaciones de la AEAT o telemáticamente.

Denunciamos la situación de injusticia, discriminación y desigualdad entre españoles derivada de la aplicación por parte de la Agencia Tributaria de la sentencia del TS de 28/02/2023. Ésta determina que “las aportaciones/cotizaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca —posteriormente se ha aplicado por extensión a todas las mutualidades de naturaleza análoga— a partir del 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del IRPF de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, por lo que resulta procedente la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del impuesto el 75% del importe de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas’’.

En base a la misma sentencia, la Agencia Tributaria ha iniciado, de oficio, su cumplimiento generalizado en la campaña de IRPF de 2023 y ha abierto, mediante formulario electrónico o petición presencial, el procedimiento de recálculo de las cuatro últimas declaraciones de IRPF no prescritas. Con ello las personas solicitantes pensionistas podrían ver reducida su base imponible al disminuir su renta por trabajo y así ver disminuida su cuota fiscal.

A partir de aquí se pueden dar tres casos concretos por orden de cuantía de sus pensiones.

— Pensionistas cuya pensión es de tal cuantía que se les retiene a cuenta del IRPF determinadas cantidades, han presentado declaración por IRPF, y ahora han podido «beneficiarse» al ver reducida su cuota fiscal. Son las pensiones de mayor cuantía, y el “beneficio” es proporcionalmente mayor cuanto más alta es la renta por trabajo.

— Pensionistas cuya pensión es de tal cuantía que, aunque se les retiene a cuenta IRPF, la renta total les ha permitido no presentar declaración por no llegar al mínimo de renta exigible. Ahora se ven en un procedimiento proceloso porque se trata de presentar reclamaciones por exceso de retención de IRPF.

— Pensionistas cuya pensión es de mínima cuantía y a quienes no se les retiene cantidad alguna a cuenta de IRPF. Estas personas, las más vulnerables actualmente, no pueden “compensarse” de ningún modo las cuantías de más que, en su caso, cotizaran a las mutuas en los años 60 y 70. Como mínimo una parte importante de los 4.730.000 pensionistas con pensión inferior al SMI. El 51,3% del total de pensionistas.

Se produce así una discriminación real en perjuicio de las personas pensionistas de menor cuantía derivada únicamente de su actual situación económica, cuando lo que el legislador y el tribunal preveían “compensar” eran las cotizaciones aportadas en años muy anteriores. Vale un ejemplo: en el caso de dos personas que aportaron a las mutuas las mismas cuantías en los años 60 y 70, únicamente la que tenga una pensión mayor que está obligada a presentar actualmente declaración de IRPF podrá recuperar parte de lo aportado en su día cuando su situación económica era similar.

Desde COESPE (Coordinadora en Defensa de las Pensiones Públicas) consideramos que esta situación es un menoscabo en los derechos del colectivo de pensionistas que sí cotizaron “de más”, pagaron más “impuesto” de los que les correspondían y ahora no se les retiene cantidad a cuenta por IRPF. Nos basamos en:

Artículo 14 de la C.E.

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

En este caso la circunstancia personal y social sí que prevalece, puesto que la situación económica actual impide la devolución del impuesto pagado de más en los años 60 y 70 al no poder descontarse entonces en la Renta General de las Personas Físicas las cotizaciones a mutuas laborales.

Artículo 9.3 de la C.E.

“La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”

Es deber de los poderes públicos intervenir cuando la aplicación de un derecho o bien reconocido no se aplica con el criterio de universalidad en el espíritu de la ley a aplicar. Unas personas pagaron de más y tienen derecho a compensación por ello independientemente de su situación económica actual.

Artículo 32 de La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría

La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los sujetos infractores o a los sucesores de unos y otros los ingresos que indebidamente se hubieran realizado en el Tesoro Público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones tributarias o del pago de sanciones, conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley.

Efectivamente, estas personas al no descontarse la cotización a las mutuas hicieron ingresos tributarios indebidos que han de ser objeto de devolución, incluidos intereses.

Es evidente que la solución aportada por la Administración, compensación en el IRPF actual en lugar de devolución por ingresos indebidos en su momento, ha devenido en situación de discriminación de uno de los sectores más vulnerables como es el de las personas pensionistas de cuantía inferior.

Por todo ello solicitamos del Defensor del Pueblo:

— Que tenga por presentado este escrito y abra el expediente correspondiente.

— Que inicie, en la medida de sus competencias, las gestiones oportunas ante la Administración Tributaria u otras instancias para revertir esta situación discriminatoria que afecta a las personas con pensiones de menor cuantía.

POR
Ovidio Bustillo
Yayoflautas Madrid

El sábado 26 de octubre salimos en Madrid a la calle en defensa del sistema público de pensiones, junto a colectivos de todo el Estado y todas aquellas personas que sepan ver lo que significa defender las pensiones presentes y futuras. No es una reivindicación de viejos egoístas que solo piensan en lo suyo, hipotecando el futuro de la juventud, como algunas mentes neoliberales difunden para enfrentarnos entre generaciones. Se trata de defender un modelo solidario de sociedad donde todo el mundo tenga los recursos necesarios para llevar una vida digna, también en la vejez. Ciertamente, es un planteamiento que va a contracorriente, en un momento en el que la riqueza se concentra cada vez en menos manos y la pobreza se extiende como una mancha de aceite en nombre de la libertad. Reivindicar una pensión digna no hipoteca el futuro de la juventud. Sí lo hipotecan trabajos precarios y salarios de miseria. Sí lo hipotecan la especulación de la vivienda y la falta de oportunidades para quienes no han nacido en familias de “buena posición”. Como yayoflautas, la juventud no es nuestra enemiga, sino nuestra aliada. Somos hijas del 15M, un movimiento mayoritariamente joven que se empeñó en querer cambiarlo todo. De ellos aprendimos a movernos en redes, a protestar y proponer, a pensar colectivamente, a imaginar otro mundo posible y a ponerlo en práctica. Compartimos con la juventud más consciente la preocupación por el futuro del planeta, amenazado por la voracidad capitalista, por las más diversas formas de contaminación, por la emergencia climática o por la alarmante pérdida de biodiversidad. Compartimos, especialmente con las mujeres, la preocupación por el machismo patriarcal que sigue haciendo estragos en forma de asesinatos y variadas formas de sometimiento.

Compartimos la preocupación por la violencia patriarcal que enfrenta a los pueblos, organizando guerras en beneficio de las élites hasta el punto de ponernos al borde de la extinción. Siempre ha sido uno de nuestros lemas dejar un mundo mejor para nuestras hijas e hijos, nuestras nietas y nietos… para todas las niñas y niños del mundo.

Entendemos la defensa de las pensiones como un servicio público más, como la educación o la sanidad, que nos dignifica a todas como sociedad, nos hace un poco más iguales y nos da seguridad. Son derechos por los que hemos luchado durante nuestra vida y a los que hemos contribuido con nuestros impuestos, trabajando en ocasiones desde los 14 o 16 años. Sabemos lo que es carecer de derechos, libertades y servicios públicos. Por eso los defendemos con convicción frente al afán privatizador que quiere apropiárselos con palabras edulcoradas como “colaboración público-privada”, cuando habría que hablar de negocio y especulación, algo que también amenaza al sistema público de pensiones como denuncia el reciente comunicado del Movimiento Pensionista de Euskal Herria.

La hipocresía del sistema quiere darnos otra vuelta de tuerca con la “insostenibilidad de las pensiones públicas”, un sistema que ayuda a la vida digna de más de nueve millones de personas, pero no pone nunca en cuestión el enorme gasto público que supone el sostenimiento de algunas instituciones como el Ejército, la Iglesia o la monarquía, con una más que discutible utilidad pública cuando no abiertamente perniciosa. Así, el gasto militar para 2024 superará los 60.000 millones de euros, a lo que habrá que añadir las nuevas partidas que son aprobadas casi en cada Consejo de Ministros. Un gasto militar para un Ejército que dio un golpe de Estado contra la democracia, sostuvo una dictadura durante cuarenta años, amenazó con un constante ruido de sables en la Transición. Al menos 12.000 millones de nuestros impuestos van directamente al sostenimiento de la Iglesia católica, que llevaba bajo palio al dictador. Es incalculable el dinero que el Estado deja de ingresar por los numerosos privilegios que la Iglesia tiene. Además, le financiamos el adoctrinamiento de nuestras hijas e hijos con la escuela religiosa concertada y le pagamos su propia televisión 13TV, donde amenazan a los derechos reproductivos de la mujer, el matrimonio homosexual o el derecho a una muerte digna. Dicho esto, no somos anticlericales, defendemos todos los derechos humanos, también el religioso, si se viera perseguido. Apostamos por un Estado laico como lugar de convivencia y respeto de todas las creencias e ideas. Lo mismo pasa con la monarquía, impuesta por Franco, plagada de corrupción, de privilegios. No es fácil calcular el coste económico de todo el tinglado real, pues a ello hay que añadir la existencia de una ociosa, decorativa y costosa Guardia Real como elemento de propaganda y militarización. Nos parece urgente acabar con esa larga tradición de la dinastía borbónica de saquear al pueblo español. Pues si hay que recortar, ya sabe el Gobierno de dónde se puede, sin mermar servicios a la ciudadanía. El hecho de que hasta ahora las pensiones se hayan pagado con los ingresos de la Seguridad Social no es ningún dogma y no significa que no puedan y deban tener otra financiación si fuera necesario. Todos los recursos deben estar al servicio de todas las necesidades. Durante décadas el Estado ha estado haciendo uso del superávit de la Seguridad Social y es una vieja reivindicación del movimiento pensionista el que se haga una auditoría. Si ahora el gasto supera a los ingresos, habrá que buscar otras formas de financiación, porque hay riqueza más que suficiente para sostener a quienes sostuvieron a otros. Es cuestión de justicia social y vida digna para todas, ahora y en el futuro.

▲ Manifestación en defensa del sistema público de pensiones el pasado 26 de octubre de 2024. Alberto Astudillo</Artículo>