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“Aproveche las oportunidades de negocio para su empresa”. Así rezaba la convocatoria que en el año 2008 lanzaba a constructoras, entidades financieras, aseguradoras y empresas privadas el por entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. En dicha convocatoria se informaba con detalle a los empresarios sobre los futuros planes privatizadores de la, hasta entonces, sanidad pública madrileña y se abría el camino para venderla al mejor postor.

Muchos consejeros se han sucedido desde aquel año en la Consejería de Sanidad de Madrid con los mismos objetivos privatizadores. Amparados en la Ley 15/1997, que les permite la habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, van caminando hacia el desmantelamiento de la sanidad pública y universal en nuestra comunidad.

Autora: Loli Pérez

Ejemplos funestos de lo que está suponiendo, para algunas, este suculento negocio han sido, de manera directa, la construcción de cuatro hospitales de gestión privada; de seis hospitales con sistema de semiprivatización, en los que se cedió la gestión no sanitaria del centro a la concesionaria que levantó el edificio, a cambio de un canon anual; la privatización de la lavandería central; la privatización de los análisis clínicos; las derivaciones con sobrecoste a las clínicas concertadas y privadas (hasta seis veces más estamos pagando por el mismo tratamiento en un centro privado con respecto a uno público, según datos de la Cámara de Cuentas de Madrid).

 

De manera más sibilina, el deterioro de la asistencia sanitaria pública a través de diferentes argucias: presupuestos desajustados e insuficientes, plantas enteras cerradas en los hospitales públicos, disminución del número de camas, descenso progresivo del número de profesionales sanitarios y no sanitarios, sobrecarga laboral, incremento incesante e imparable de las listas de espera, Urgencias desbordadas…

Y cómo no, el negocio tenía que extenderse a la Atención Primaria. Tras un primer intento afortunadamente fallido de privatización o “externalización”, como algunos preferían denominarlo, de 27 centros de salud a partir de la puesta en marcha en el año 2012 del ”Plan de medidas de sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid“, que desembocó en una defensa sin precedentes de la sanidad pública en nuestro territorio, con una Marea Blanca ciudadana muy bien organizada que logró frenar el incipiente proceso privatizador, se han ido sucediendo los ataques directos a la Atención Primaria en Madrid, dejándola profundamente herida y maltrecha.

En el año 2018, envuelto en el más absoluto silencio institucional, se puso en marcha un proyecto piloto que se autodenominaba “Centros en transición” y que afectó a seis centros de salud de la Comunidad de Madrid. No sin dificultades, pudo conocerse que el proyecto tiene lugar gracias a una beca otorgada por los Laboratorios Esteve, que el diseño de dicho proyecto piloto corría a cargo de una consultora privada, CYMAP SL, y que este modelo suponía un “Modelo de intervención sobre el comportamiento profesional para el control de la demanda”, según palabras de sus creadores.

 

En los documentos que describen sus bases metodológicas podemos encontrar frases como las siguientes:

  • “No se le da la información al paciente, se responde a la gallega. De esta forma podremos cambiar el horario tantas veces necesitemos, sin conflictos, ni tener que pedir permiso a los pacientes”.
  • “Identificación de los problemas bola de pelo (ej.: la hipertensión arterial, la obesidad, todo lo reiterado…)”.
  • “La demanda se comporta como un lavabo atascado y se resuelve con habilidades fontaneras: evitación de la entrada y evitación de la reentrada”.

Frases y metodología que sin duda suponían un menosprecio y una falta de respeto hacia la ciudadanía, en un proyecto que se basaba fundamentalmente en el control de la demanda asistencial a costa de un cambio en el comportamiento de los profesionales, sin hacer hincapié en una mejora de la calidad asistencial a la que se debe llegar por otras vías absolutamente necesarias, tales como aumento de presupuestos, de profesionales y de recursos Afortunadamente todo esto ya no existe, pero sus negativas consecuencias se dejaron notar en los centros de salud en los que se implantó.

Poco duró la alegría por la extinción de este disparatado proyecto piloto, porque rápidamente los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid sacaban de la chistera un nuevo “proyecto” (va dando repelús esta palabra). En esta ocasión, y escudándose en la conciliación familiar y laboral de los profesionales, 14 centros de salud de la Comunidad de Madrid permanecen abiertos en exclusiva para la atención urgente a partir de las 18:30, lo que supone una clara discriminación en relación a la accesibilidad de la atención para todas aquellas personas que, por motivos laborales o de otra índole, no puedan asistir al centro de salud antes de esa hora.

Por si todo esto fuera poco, el anteproyecto de Ley de Farmacia de la Comunidad de Madrid abre las puertas a un “concierto privado” entre la Atención Primaria y las agencias de farmacia, a las que se pretende otorgar labor asistencial del tipo atención domiciliaria, cribado de enfermedades e incluso implicación en la vacunación. No se especifica si el cobro por estos servicios se realizará a cargo de fondos públicos o del propio usuario.

En el último año, a los planes privatizadores de la Consejería de la Comunidad de Madrid les ha surgido un aliado natural, la COVID-19, y es que cualquier excusa sirve cuando se trata de maltratar a la ciudadanía y a sus derechos sanitarios. En el primer brote de la pandemia, con gran parte de la plantilla afectada por la enfermedad dada la escasez de materiales disponibles de protección frente al virus, en lugar de reforzar y dedicar recursos a la Atención Primaria, primer punto de atención a la ciudadanía con cualquier tipo de patología, también COVID-19, se decidió cerrar centros de salud y destinar gran parte de sus efectivos profesionales al “hospital de campaña” de Ifema, comprobando de nuevo la poca importancia que nuestros responsables sanitarios otorgan a la primera línea de atención de nuestro sistema sanitario de salud.

La atención primaria de salud es muchas cosas: es el núcleo del sistema de salud de un país, es un enfoque para la salud y el bienestar centrado en las necesidades y circunstancias de las personas, las familias y las comunidades. Aborda la salud y el bienestar físicos, mentales y sociales de una forma global e interrelacionada. Es la primera línea de cara a la atención de la población en cualquier etapa de la vida, en cualquier momento, en cualquier situación. Según la OMS, La Atención Primaria puede abarcar la mayoría de las necesidades sanitarias de una persona a lo largo de su vida, incluyendo la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos. Por todo esto y mucho más, en muchos ámbitos se está hablando ya de la necesidad de derivar los sistemas sanitarios a modelos primaristas de salud. Es, sobre todo, nuestro derecho, no su negocio, y para la Atención Primaria, como para el fomento y mejora de nuestra salud, resulta imprescindible hacer efectivo otro derecho relacionado y fundamental, la participación de la ciudadanía, de todas y todos, en la sanidad: en la toma de decisiones, en la gestión, en el diseño, en la puesta en marcha, en la evaluación de políticas sanitarias… y en su defensa.

Participa, por tu salud. Organízate y defiende la sanidad pública y universal.

Por ti, por todas y todos, por las que estamos y por las que estarán, y en reconocimiento y homenaje a los que ya no están y a todas y todos los fallecidos en esta pandemia.

‘La Atención Primaria es la primera línea de cara a la atención de la población en cualquier etapa de la vida’

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