Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II
Recordemos que el agua es indispensable para la vida y que la desconexión de los servicios de agua a causa de la falta de pago por no tener medios constituye una violación de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Hablemos de qué ha pasado en nuestra región a este respecto. Venimos de una situación en la que se han encontrado evidencias sobre violaciones de los derechos humanos al agua y al saneamiento en la Comunidad de Madrid. Aunque Canal de Isabel II nunca ha proporcionado datos sobre cortes de agua y no hemos hallado datos en Internet, hemos encontrado referencias en prensa sobre cifras de avisos de cortes realizados por Canal de Isabel II en 2008 y 2013.
A través de estos datos, hemos realizado estimaciones de los desahucios hídricos que se pudieron realizar en esos años, obteniendo cifras muy elevadas. Así, en 2008, cerca de 34.500 personas se quedaron sin suministro de agua y en 2013 a más de 135.000 personas se les cortó el acceso al agua, en la mayoría de los casos por no poder pagar la factura.
Ahora mismo, se desconoce si en la Comunidad de Madrid se están produciendo cortes de agua. Canal de Isabel II, pese a estar obligada por la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, no da datos en sus estadísticas ni de cortes de agua ni de avisos de cortes. También se desconoce cómo se están resolviendo los impagos que con toda seguridad se están produciendo. En fin, Canal de Isabel II actúa con una total falta de transparencia.
Sin embargo, durante la pandemia y en la actualidad se han denunciado y se siguen denunciando cortes de luz y de agua en la Cañada Real y en casos de emergencia habitacional relacionados con desahucios. Estas situaciones también constituyen una violación de los derechos al agua y al saneamiento por no dar acceso a estos servicios.
En la actualidad, la información que sobre la suspensión del suministro de agua aparece en la web de la Comunidad de Madrid no es muy tranquilizadora, ya que dice que Canal de Isabel II puede suspender el suministro de agua a sus clientes en los casos de impago.
Necesitamos pasar de las medidas coyunturales como el escudo social a una Ley de Mínimo Vital que garantice acceso seguro a la cantidad mínima indispensable de agua
En estos momentos estamos tranquilos, porque hasta el 30 de junio de 2022 sigue vigente la prórroga del escudo social que implantó el Gobierno del Estado a causa de la pandemia, que prohibía los cortes de suministros de agua, luz y gas a personas vulnerables. Y luego, ¿qué?
Pero la realidad social es muy preocupante: el informe FOESSA 2022 constata que la exclusión social aumentó en la Comunidad de Madrid tras la pandemia y afecta ya a un millón y medio de personas, lo que supone que el 22% de los madrileños se encuentra en exclusión social.
A la situación creada por la pandemia hay que añadir las importantes consecuencias económicas que está provocando la guerra de Ucrania debido al elevado incremento del coste de la vida, lo que lamentablemente va a suponer el aumento de las situaciones de pobreza que, si no se implementan medidas estructurales que impidan los cortes de agua, al finalizar el escudo social vamos a vivir una violación constante de estos derechos, que puede contribuir a un estallido social.
Esta situación social se verá agravada, como decíamos en el anterior número de Madrid en Acción, por los efectos del cambio climático, con fenómenos de altas temperaturas que ya estamos padeciendo y el impacto sobre los recursos hídricos que afectan a la cantidad y a la calidad de agua disponible.
En la situación tan compleja en que nos encontramos, habrá que esperar para comprobar que se prorroga nuevamente el escudo social. Si así sucede, llegará el final de la nueva prórroga —¿otros tres meses?— y en septiembre estaremos otra vez con nuestros derechos humanos al agua y al saneamiento en la cuerda floja.
¿Qué pasaría si al levantarte por la mañana descubres que no tienes agua? No podemos consentir que esto le pase a nadie, aunque el futuro se presenta sombrío. Por eso, más de 20 organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de consumidores, hemos promovido una campaña por los derechos humanos al agua y al saneamiento en la que vamos a impulsar acciones para que no tengamos que depender de que el Gobierno amplíe el escudo social.
Necesitamos pasar de las medidas coyunturales como el escudo social a una Ley de Mínimo Vital que garantice acceso seguro a la cantidad mínima indispensable de agua suficiente para satisfacer las necesidades básicas de consumo humano, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica y saneamiento.
Ley de Mínimo Vital, ¡YA!
